El terremoto político provocado por el PP ha provocado la caída de Pablo Casado, sino que podría hacer que sus protagonistas se enfrenten a la justicia después de conocerse el manejo de datos fiscales privados por parte del Gobierno y la oposición. Cs ha puesto el foco en este asunto y, después de que Libertad Digital publicara que el PP renovar el Tribunal de Cuentas a cambio de información comprometida sobre el hermano de Isabel Díaz Ayuso, los de Inés Arrimadas han registrado cuatro preguntas para que el Ejecutivo dé explicaciones por escrito.
En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, Cs reclama conocer "si el gobierno desmiente" la noticia publicada en la que se explica cómo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, recientemente dimitido de su cargo, habrían acordado renovar el Tribunal de Cuentas el pasado mes de noviembre de 2021 a cambio de entregar datos fiscales confidenciales sobre el hermano de la presidenta madrileña.
La formación naranja exige conocer, además, si el Gobierno, a través de la Agencia Tributaria o el Ministerio de Hacienda, ha llevado a cabo "alguna investigación interna para averiguar la posible obtención y/o transmisión de datos fiscales de forma no autorizada" o si "tiene constancia" de que se hayan producido esos hechos. En caso contrario, Cs reclama conocer si el Gobierno "realizará alguna gestión tendente a aclarar tales extremos", según recoge el documento registrado este miércoles en el Congreso para que el Ejecutivo dé explicaciones por escrito.
El documento, firmado por el portavoz Edmundo Bal y el diputado Juan Ignacio López-Bas, habla de "un supuesto intercambio de cromos" que califican de "gravísimo" y por el que exigen una aclaración "inmediata". En el texto, el partido sostiene que, de ser cierto el manejo de esos datos, estaríamos ante un una actuación "ilegal".
La confesión de Casado
Cs recuerda que el propio Pablo Casado dijo en COPE: "A mí me llegó una información a finales de verano, es verdad que con datos fiscales y bancarios, por tanto se podía inferir que venía de alguna institución pública (…), la información que tiene de posibles transferencias, con conceptos de intermediación, y también datos fiscales, bueno, pues no obra en poder de cualquier persona".
"Resulta gravísimo que la documentación e información fiscal de cualquier sujeto contribuyente estuviera al alcance de personas ajenas a la Administración y a los propios interesados. Pero sería aún peor que fueran ciertas las informaciones sobre posibles acuerdos entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar el Consejo del Tribunal de Cuentas con una contraprestación como la revelación y entrega de información fiscal sobre terceros, con intereses políticos", sostiene el partido de Arrimadas.