Vox ha vuelto a querellarse contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, por malversación de fondos públicos tras comprobar que encuestas realizadas para la campaña de Castilla y León se han alejado completamente del resultado final que arrojaron las urnas. Según ha informado el partido en una nota a los medios, acusa a Tezanos de "beneficiar políticamente al PSOE".
El partido incorpora a la denuncia un informe pericial realizado por expertos sociológicos que analizan todas las encuestas y actividades del CIS, en concreto durante las elecciones del 13-F y que probaría que "la praxis empleada no corresponde con los estándares profesionales admitidos", lo que derivaría en una "desviación insoportable e inadmisible al vulnerar de forma frontal los principios esenciales de actuación del organismo".
El partido acusa al CIS de situarse "en el último lugar de acierto", ser el organismo que "más porcentaje de error presenta" y ofrecer una "peculiar perspectiva" sobre "el análisis de la desviación de la asignación de escaños por partido". Incluso asegura que el CIS ha intentado "ocultar su cocina ofreciendo los datos sobre escaños favoreciendo de nuevo al PSOE".
Reclaman las cuentas y criterios del CIS
"El CIS se mantiene con fondos públicos, por ello, nos encontramos ante un delito de malversación de caudales públicos", sostiene el partido en el escrito presentado ante los tribunales, en el que solicita la declaración y ratificación del informe pericial presentado, que Tezanos declare por estos hechos, así como un profesional del sector independiente.
Por último, reclaman que se oficie al CIS para que aporte las actas en las que se acuerdan los criterios de colaboración de las encuestas en los ejercicios de 2018 a 2022 o en las que figure acordado el cambio de técnicas aplicables a los mismos, las normas y control de delitos así como las cuentas anuales comprendidas entre esos años.
El partido ya se querelló contra Tezanos por los mismos motivos pero la denuncia fue archivada por la Audiencia de Madrid, en respuesta a la petición de la Abogacía del Estado y la Fiscalía que se opusieron al entender que se trata de cuestiones políticas ajenas al derecho penal y no implican delito.