El Gobierno sigue esperando al martes para presentar su Plan Nacional de consecuencias de la guerra que acabará de perfilar este viernes, en función de lo que decida la cumbre comunitaria. Un sector de ese Ejecutivo ya advierte que estamos ante una crisis más profunda y que las medidas del martes no servirán para paliar la indignación de calle.
Las ayudas del Ejecutivo se centrarán en los colectivos más afectados pero varios ministros ya avisan que no va de excluidos sino de una clase media que se ve afectada por el alza de los precios y que lleva varios perdiendo poder adquisitivo. Algunos, conscientes de que las elecciones se juegan en la clase media, piden a Pedro Sánchez que muestre más empatía con las protestas.
La excepcionalidad ibérica
En lo que hay unanimidad es que hay que actuar con rapidez y bajar el precio de la energía. La Moncloa, conscientes del fracaso de la gira de Sánchez al contemplar cómo Alemania ha vuelto a crear un frente para rechazar las propuestas mediterráneas de desacoplar el gas de la factura, ha empezado a diseñar un plan B. De buscar la solución en Europa a intentar crear una excepcionalidad ibérica para intervenir el mercado.
La idea del Ejecutivo es unirse con Portugal para crear una "isla energética". Si Bruselas les da el visto bueno, podrían limitar los precios en la península Ibérica. La propuesta fue presentada este pasado martes a las eléctricas a las que se les tranquilizó al asegurar que se les compensaría con una partida en los Presupuestos. La idea es que oferten unos precios de referencia más bajos.
La medida sería temporal, acotada en el tiempo y sólo para los dos países. Pedro Sánchez la presentará este viernes ante el Consejo Europeo. La discusión de los 27 ha comenzado este jueves pero el primer día se ha centrado en cómo la Unión puede ayudar a Ucrania y en la que el presidente de EEUU, Joe Biden, ha estado de invitado durante la primera parte de la cumbre. Así que Sánchez se reservará para la traca final del último día que se prevé intenso.
Críticas a Raquel Sánchez
El mayor reto, a nivel nacional, sigue siendo la huelga de transportistas. Nadia Calviño, la ministra de economía, ha asumido el papel de interlocutor principal ya que Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, ha salido quemada de la primera ronda de negociaciones. Tanto en el PSOE como en el Gobierno hay críticas por cómo se ha gestionado la crisis.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, advertía este jueves que los que se están manifestando son "los más vulnerables de la cadena de Transportes" y cuando le preguntaban por adjetivos que otras ministros le habían dedicado a los negociadores, como extrema derecha, ella se desmarcaba nuevamente para añadir que "nunca califico a nadie"
En el Gobierno tampoco se comprende la cerrazón de Raquel Sánchez a reunirse con la principal patronal convocante de la huelga. Unas críticas que se extienden por la bancada del PSOE y de veteranos diputados. "No se puede primero insultarles y luego negarte a negociar con ellos", advierten algunos socialistas que ven a la ministra muy quemada.
Desde el lunes, la postura oficial del PSOE ya no es descalificar a los manifestantes aunque critiquen la presencia de Vox en las protestas. Los portavoces del partido, Felipe Sicilia y Héctor Gómez, han tratado de templar la situación para evitar que las protestas vayan a más.
"Que nadie se levante hasta lograr un acuerdo"
Este jueves, Nadia Calviño, Raquel Sánchez y María Jesús Montero han retomado las negociaciones con el Comité Nacional de Transporte por Carretera. La orden de La Moncloa es que nadie se levante "hasta conseguir un acuerdo". El Gobierno no quiere que la protesta se extienda más allá del viernes, cuando podría empezar a haber un desabastecimiento grave.
En lo que hay unanimidad, tanto en el Gobierno como en el partido, es en elogiar la figura de Luis Planas, que ha conseguido frenar las protestas del sector pesquero. El ministro de Agricultura, que evitó en todo momento adjetivar al sector, se reunió con las asociaciones, les ha ofrecido una línea de créditos ICO y exención en tasas pesqueras. Una actitud que dista mucho de la que Raquel Sánchez o María Jesús Montero han mantenido con los transportistas.