Los cambios facilitados por el PP de Pablo Casado y Teodoro García Egea en el Tribunal de Cuentas ya han tenido consecuencias. El nuevo fiscal, Manuel Martín-Granizo, ha rebajado sustancialmente la factura que deberían abonar los encausados por el golpe de Estado separatista en el caso de sentencia condenatoria. En el Tribunal de Cuentas se sustancian dos expedientes, el del referéndum ilegal y el de la llamada proyección exterior del proceso independentista. Por el 1-O el anterior fiscal, Miguel Ángel Torres, reclamaba el retorno de 3.903.294 euros y ahora sólo 1.219.838 euros. En el caso de la difusión internacional de la causa separatista, se pedían 5.150.711 millones de euros y ahora 2.209.503 euros. Ambas causas se juzgarán de forma conjunta.
La sustancial rebaja de la Fiscalía se ha interpretado entre los encausados como un efecto de la nueva correlación de fuerzas en el seno del Tribunal de Cuentas, en el que ahora son mayoría los consejeros propuestos por el PSOE. En caso de que el cambio de criterio fiscal sea secundado por el Tribunal, la "caja de solidaridad" separatista cubriría con creces la factura imputable a los líderes golpistas. Es decir, la intentona les habría salido gratis en términos económicos.
Del 1-O se responsabiliza a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull. Toni Comín, Lluís Puig y a Neus Munté, entre otros. Y quedan fuera Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Santi Vila, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Natalia Garriga y Josep Maria Jové.
"Libertad ideológica"
En la causa de Exteriores son 24 los acusados, de Artur Mas a Andreu Mas-Colell pasando por quienes ejercieron de "embajadores" y "diplomáticos" de la Generalidad. Y para justificar la rebaja en el apartado del gasto exterior se alude en el escrito fiscal a la "libertad de opinión" y a la "seguridad jurídica". Entiende el fiscal que no todos los viajes y actividades de la Generalidad en el extranjero encajan en las actividades que condujeron al 1-O.
Los encausados disponen de los avales del Institut Català de Finances (ICF), organismo dependiente de la Generalidad, que también se beneficia de la rebaja de la Fiscalía. La decisión de aceptar que la Generalidad, administración afectada en el proceso, asumiera las fianzas exigidas a los acusados marcó el nuevo guion en el Tribunal de Cuentas.