La investigación de un departamento de la Universidad de Toronto denominado The Citizen Lab y un reportaje en la revista The New Yorker relativos a una operación de ciberespionaje de la que habrían sido víctimas dirigentes separatistas han propiciado una imagen de unidad del independentismo así como una cierta reactivación del llamado procés. Oriol Junqueras y Carles Puigdemont han aparcado sus diferencias para comparecer junto al diputado de la CUP Carles Riera, la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, en Bruselas.
Se trataba de denunciar que algo más de medio centenar de dirigentes políticos y civiles y del separatismo habrían sufrido el jaqueo de sus móviles mediante un programa que la empresa israelí NSO Group habría vendido supuestamente a algún representante del Estado español, teoría que el independentismo infiere de que dicha empresa asegura que sólo vende esa tecnología a estados con autorización del propio Estado de Israel,
A diferencia de lo que ocurrió con las informaciones del The New York Times que reflejaban las conexiones del entorno de Puigdemont con personajes relevantes del Kremlin y de la delincuencia organizada rusa, el reportaje de The New Yorker merece todo el crédito del independentismo. El texto sería fruto de las indagaciones del The Citizen Lab a raíz de unas consultas evacuadas por el propio independentismo.
El programa se llama Pegasus y el separatismo ya ha bautizado el asunto como "Catalan Gate". Además, prepara una batería de querellas colectivas e individuales y tanto en España como en Bélgica y Suiza en las que acusa a la empresa israelí, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Romper la mesa de diálogo
Puigdemont señala directamente a Pedro Sánchez, porque el presunto espionaje habría comenzado con el Gobierno de Rajoy pero habría seguido con el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Podemos. El expresidente prófugo se ha mostrado partidario de romper la relación con el Gobierno y de cancelar la mesa de diálogo. "No se entendería que después de este escándalo se siguiera confiando en un Gobierno que forma parte de esta trama", ha declarado. También ha dicho que "las relaciones no pueden seguir como hasta ahora, no pueden hacer ver que no ha pasado y nosotros, el conjunto del independentismo, tenemos que orientar nuestras acciones teniendo en cuenta esta realidad".
Junqueras se ha resistido a ratificar la tesis de Puigdemont. Entiende el dirigente indultado que mantener la mesa de diálogo favorece la causa independentista y niega que ERC apoye al Gobierno. Al respecto ha dicho que "ERC apoya políticas y medidas buenas para los catalanes y no da su apoyo a ningún partido en concreto".
Los grupos separatistas exigirán explicaciones en las instituciones, recurrirán a los tribunales y no pararán, afirman, hasta que el Estado español sea condenado en Europa. Prosiguen las discrepancias de fondo. ERC sigue manteniendo la apuesta por la mesa de diálogo y por mantener sus acuerdos con el PSOE. Sin embargo, se ha visto forzada por el partido de Puigdemont y por la ANC y Òmnium a formar parte de la campaña que según una parte del independentismo puede reactivar el proceso para volver al estadio previo al golpe de Estado.
Puigdemont ha llegado a declarar que "no se puede negociar nada con quien está entrando en tu cama, te está desnudando, entra hasta en la cocina e incluso en la vida de tus hijas". Paluzie también ha contribuido al dramatismo. El Gobierno niega cualquier relación con nada que tenga que ver con espiar a los independentistas y exhibe su "política de apaciguamiento", los indultos y los acuerdos presupuestarios con ERC o incluso el pacto en la Diputación de Barcelona entre socialistas y Junts per Catalunya.
El 'Govern' manda a los Mossos investigar
El gobierno catalán, por su parte, ha reaccionado de manera oficial con una comparecencia de Pere Aragonès arropado por todos los miembros del ejecutivo regional. Se ha reproducido la dinámica de la rueda de prensa en Bruselas. En primer lugar ha hablado Aragonès en tono duro y después ha intervenido el vicepresidente Jordi Puigneró, de JxCat, con una retórica más inflamada aún. ERC se resiste a romper del todo con el Gobierno y según JxCat es imprescindible cortar toda relación con quien supuestamente tiene toda la información registrada en el móvil de más de sesenta dirigentes independentistas, incluidos cuatro presidentes de la Generalidad, según el relato propagandístico que está construyendo los portavoces separatistas.
El punto medio es la "congelación" de relaciones hasta que el Gobierno depure supuestas responsabilidades. El asunto será caro. Aragonès ha anunciado que ha ordenado a los Mossos investigar la presunta trama y ha ofrecido el respaldo legal de la Generalidad a todos los que se querellen. Se avecina una ofensiva por tierra, mar y aire del independentismo con las instituciones y los recursos públicos al servicio de lo que se pretende que sea una reedición del proceso. "España no es una democracia plena" o "España es como Polonia y Hungría" son algunas de las consideraciones que han deslizado Aragonès y Puigneró.
La consigna era caracterizar al Estado español como una estructura autoritaria que no respeta los derechos humanos de los independentistas, pero sin recurrir a las comparaciones con Putin o Rusia que tanto han menudeado en los días pasados. El objetivo independentista es recuperar el pulso, reactivar a sus bases y exigir movimientos al Gobierno. Habrá lluvia de querellas. El mismo Aragonès presentará una a título individual por vulneración de su intimidad. El independentismo ha recuperado el victimismo y la primera consecuencia es una unidad de acción que no esconde las grietas. ERC se resiste a romper con el PSOE mientras que JxCat propone un nuevo enfrentamiento como el de 2017.