Vox pretende poner coto a la okupación ilegal de viviendas en España. El partido ha defendido este martes ante el Congreso una proposición de Ley para reformar el Código Penal con el fin de "agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales".
La encargada de defender la propuesta ha sido la diputada Cristina Esteban Calonje que, desde la tribuna de oradores, ha acusado al Gobierno de "amparar" a los delincuentes y atacar la propiedad privada. Esteban ha recordado que la legislación de otros países como Francia, Alemania y Holanda permite desalojar a los okupas en las primeras horas desde que se produce la usurpación del inmueble, a diferencia de lo que ocurre en España.
Durante su intervención ha recordado ejemplos concretos de familias que viven un auténtico calvario, no sólo por no poder disponer de sus viviendas, a la vez que debe seguir pagando sus gastos, sino por la sensación de abandono en la que se encuentran. Una injusticia que les genera también graves problemas de salud por la ansiedad e impotencia en la que se encuentran.
La diputada ha denunciado la hipocresía de partidos como JxCat que legislan a favor de la okupación mientras uno de sus alcaldes en Caldas, Salvador Balliu, llegó a defender su vivienda de unos okupas, hacha en mano. El primer edil dijo en redes sociales que fue una "situación desagradable" y que su reacción "no debe entenderse como una agresión" sino como la "respuesta de quien se siente indefenso en su propia casa frente a una amenaza".
Vox pide ayuda a Bruselas
En paralelo a esta propuesta, el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, y su líder en Cataluña, Ignacio Garriga, han viajado a primera hora a Bruselas para reunirse con Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea encargado del Nuevo Pacto sobre Asilo y Migración, para trasladarle su propuesta titulada Por unos Barrios Seguros, además de registrar una petición en el Parlamento europeo para que garantice la seguridad en Cataluña ante delitos como la okupación y envíe una delegación a investigar el aumento de la delincuencia.
En el escrito se remiten al artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la UE y el artículo 44 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que recogen las competencias de las instituciones europeas en esta materia como responsables de garantizar un "espacio de libertad, seguridad y justicia" mediante la "prevención de la delincuencia", además de "establecer medidas que impulsen y apoyen la actuación de los Estados miembros" en este sentido.
Vox denuncia que en 2015 se contabilizaron 3.950 casos de okupación en Cataluña, en 2020 fueron 6.647 y en 2021 ya suponen el 42% del total de okupaciones que se producen en España. Garriga y Buxadé han reclamado también actuar para atajar la creciente inseguridad en las calles de Barcelona que vinculan con el un aumento de la inmigración ilegal.
En una rueda de prensa desde Bruselas, Garriga ha reclamado "que la UE haga todo lo que esté en sus manos para garantizar nuestro modo de vida", responsabilizando a las "élites globalistas, instituciones y medios cómplices" de la inseguridad que se vive en Cataluña. Buxadé ha defendido que "en este caso sí creemos que las instituciones europeas tienen algo que decir" por ser "ser responsables de promover, ayudar y acompañar a los Estados miembros a promover políticas que garanticen la seguridad y la libertad", criticando que Bruselas sí interfiere cuando se trata de sancionar a Hungría o Polonia en materia, por ejemplo, de Justicia.