Socialistas, republicanos, posconvergentes y podemitas han alcanzado un acuerdo sobre la campana para ingresar en el registro del Parlamento de Cataluña una proposición de ley con la que pretenden frenar la aplicación de la sentencia que insta a impartir un 25% de las clases en español en los colegios catalanes. El plazo para el cumplimiento del fallo concluye el próximo día 31 de mayo, razón por la que los partidos partidarios de la inmersión lingüística en catalán y de la exclusión del español en la enseñanza aprobarán la ley esta misma semana a fin, dicen, de dejar en papel mojado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El principal escollo para el acuerdo es que Junts per Catalunya (JxCat) no quería retratarse con el PSC en un nuevo "pacto por la lengua" que supone la ratificación de las políticas de discriminación y erradicación del español practicadas en los últimos cuarenta años. El acuerdo tiene forma de proposición de ley sobre el "uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria" y de entrada refuta el criterio de aplicar porcentajes a la enseñanza de las lenguas.
También insiste que el catalán es el idioma "propio" y lengua "normalmente empleada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumno recién llegado". "El castellano -añade la proposición- es utilizado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro".
Para el PSC, se trata del blindaje del español en la enseñanza catalana. Para JxCat, ERC y los comunes, una concesión irrelevante que garantiza que las cosas sigan como hasta ahora en los colegios de Cataluña. De hecho, la proposición atribuye a la Consejería de Enseñanza la aprobación de los proyectos lingüísticos de cada centro "con criterios pedagógicos y de manera singularizada". En teoría, el español debería ser objeto de una cierta atención en las zonas donde menos uso social registra, según insisten los socialistas para justificar su apoyo a las disposiciones separatistas.
Para la oposición, esta proposición de ley recuerda las "leyes" previas al golpe de Estado independentista, tanto por las prisas como por la improvisación y su único objetivo es impedir la aplicación del fallo del 25% del español.