Cuando Laura Borràs ejerció como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) todos los contratos menores pasaban por su despacho. Ella tenía la última palabra. A pesar de las advertencias de la Intervención de la Generalidad sobre el gran número de contratos menores que se llevaban a cabo en esos años, entre 2013 y 2016, Borràs no pisó el freno.
Según el testimonio de un técnico de la ILC que figura en la causa como investigado, Borràs ejercía el control total en esa parcela. Todo normal, salvo por la propensión a conceder muchos contratos menores a un amigo, Isaías Herrero, para trabajos relacionados con el mantenimiento de la web de la entidad pública. En total, dieciocho contratos que son el origen del caso por el que se investiga a la dirigente separatista en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El funcionario ha declarado ante el tribunal a petición propia y su testimonio cerca un poco más a la actual presidenta del Parlamento catalán. Pero es que además, ha aportado dos mensajes de voz de WhatsApp en los que Laura Borràs le da instrucciones cuando ya ni siquiera dirigía la ILC y era primero diputada y después consejera de Cultura de la Generalidad.
Mensajes de voz con instrucciones
En uno de los audios, de febrero de 2018, cuando ya era diputada, le dice que se ha enterado de que ha habido un registro de los Mossos en la ILC y que le avise si vuelven. En el otro, en junio de ese mismo año pero ya como consejera de Cultura, insta al funcionario a que resuelva un contrato aún pendiente con su amigo Isaías Herrero.
A Laura Borràs se la investiga por un presunto delito de prevaricación, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y malversación. La dirigente separatista aspira a presidir Junts per Catalunya (JxCat) en el congreso que se celebrará el próximo 4 de junio. Sin embargo, el horizonte penal lastra sus opciones de liderazgo en el partido de Puigdemont.