El Congreso aprobará la nueva Ley Audiovisual que revolucionará por completo el sector, en cumplimiento a una directiva europea que exige adaptar la normativa española para, entre otras cosas, potenciar los contenidos de productoras independientes con sede en el continente. De no sacarla adelante, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrentaba a posibles sanciones de Bruselas o al bloqueo de la financiación que obtiene a través de los fondos europeos.
La abstención del PP permite que la norma pueda salir adelante ante la negativa de los socios habituales a aprobar un texto que consideran perjudicial para los productores independientes y que beneficia al duopolio Atresmedia-Mediaset.
La nueva Ley Audiovisual tiene tres implicaciones fundamentales: define el peso que tendrá el dupolio Atresmedia-Mediaset, ya de por sí hegemónico en el sector, frente a las productoras independientes más pequeñas; la cesión a los separatistas con las lenguas cooficiales; y, por último, el perjuicio a la industria de bebidas alcohólicas.
Europa exige favorecer a las empresas pequeñas para evitar situaciones de monopolio pero, tal y como está redactada la norma, el Gobierno de Pedro Sánchez abre la puerta a que los gigantes audiovisuales puedan quedarse con toda la tarta ya que no les exige contratar con productoras independientes, como se planeó en un principio. De esta forma, se favorece a Atresmedia o Mediaset frente a productoras más modestas que en muchos casos se verán forzadas al cierre.
Podemos y PSOE, peleados por una palabra
La polémica entre PSOE y sus socios venía por un cambio en una enmienda. Los socialistas modificaron la definición de "productor independiente" en la norma. Un cambio ligero, una sola palabra, pero que modificaba todo el sentido. Así, donde ponía "a cambio de una contraprestación los pone a disposición de un prestador de servicio", pasó a ser "de dicho prestador". Esto abría la puerta a un concepto más ambiguo como denuncia el sector.
"A pesar de que pueda literalmente parecer mínimo el cambio introducido, lo cierto es que modifica la obligación general de no vinculación con un prestador", decían en un comunicado conjunto las asociaciones que representan la producción audiovisual más pequeña. "Permite que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes sólo contratando de forma cruzada con otros prestadores", añadían.
Acusan al PSOE de plegarse al duopolio
A la polémica se sumaba Unidas Podemos quien ya amenazaba este martes con retirar el apoyo a una ley que había sido aprobada en el Consejo de Ministros. El portavoz morado, Pablo Echenique, criticaba que se "haya hecho pasar por enmienda técnica algo que no es una enmienda técnica, que supone un cambio profundo en el sector y que entrega la producción audiovisual al duopolio televisivo, a las cuatro grandes televisiones privadas de nuestro país".
La sospecha de muchos partidos, como Vox, es que esto es una contraprestación. Así lo advirtió la semana pasada el diputado Víctor Sánchez del Real al criticar duramente una norma que favorece al duopolio, dejando al margen a las productoras independientes, normalmente cercanas a la izquierda y que ayer mantuvieron un encuentro con los de Abascal para protestar por una norma que, según aseguran en un comunicado, "puede suponer el final de la industria".
En la Ley Audiovisual, el Gobierno exime a las grandes plataformas internacionales (Disney, HBO, Netflix y Amazon Prime) de cumplir con la cuota lingüística del 4%. Sólo las nacionales como Filmin, RTVE Play, Atresplayer (de Atresmedia), MiTele (Mediaset) y Movistar (Telefónica) se verían obligadas a producir en lenguas cooficiales. A cambio, el gobierno les beneficia ahora con el cambio de productoras cuyo mayor beneficiario sería Buendía Estudios (participada al 50% por Telefónica y Atresmedia)
"En Podemos siempre están enfadados"
Este miércoles, Unidas Podemos junto con Bildu y ERC, registraban una enmienda conjunta para eliminar el "dicho" y volver al "un", tal y como piden las productoras independientes. En el PSOE evitan pronunciarse y mantienen negociaciones, principalmente con el PP, para tratar de sacar adelante la ley pese al veto de sus socios, favoreciendo así a las grandes compañías.
En el sector socialista del Gobierno reconocen que les gustaría que la norma saliese adelante con "la mayoría de la investidura" porque "no se fían del PP". En los ministerios despachan balones fuera sobre las críticas de Podemos: "Últimamente siempre están enfadados" y reconocen que satisfacer a la vez a productoras, plataformas y cadenas de televisión es muy complicado "porque hay intereses cruzados".
Y por el medio la cuota de la lengua
La exigencia de fomentar la producción propia ha sido aprovechada por el PNV y ERC para exigir una cuota de contenidos en catalán y vasco que el Gobierno sólo aplicará para las compañías con sede en España, lo que deja fuera a gigantes internacionales como Netflix para evitar abrir un enfrentamiento con empresas que tienen importantes intereses económicos en nuestro país y pueden poner en riesgo miles de empleos.
Esto ha llevado al PSOE a un duro enfrentamiento con sus socios, lo que deja en el aire la aprobación de la norma con su apoyo y fuerza al Gobierno a buscar otras vías, al igual que ocurrió con la reforma laboral.
Regular la publicidad
Por último, la regulación sobre la publicidad obliga a que sólo se puedan emitir anuncios de bebidas alcohólicas en horario de madrugada, perjudicando a un sector como el del vino o la cerveza que verán muy mermada su capacidad de venta al público y, por tanto, están en disposición de perder cuota de mercado y, con ello, expuestas al cierre o los despidos.