El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la Ley de Libertad Sexual, más conocida como la ley del sólo sí es sí. Durante toda su tramitación parlamentaria, las mayores críticas han versado sobre la modificación del concepto de consentimiento. Sin embargo, el Gobierno ha tratado de diluir el debate sobre otro de los puntos más controvertidos de la nueva norma: la rebaja de penas que conlleva para los casos más graves de violación el hecho de acabar con la tradicional división entre abuso y agresión sexual. No en vano, en un durísimo informe, el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió en su día de que esto podría acabar desembocando en una "desprotección de las víctimas".
Hasta ahora, el Código Penal distinguía entre abuso —en el que no hay violencia o intimidación— y agresión. Tras la reforma aprobada por el Congreso de los Diputados, la primera figura desaparece y todos los actos "que atenten contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento" serán considerados una agresión.
Esta fusión implica una readaptación de las penas que, en la práctica, iguala por lo bajo, de tal forma que, aunque se traduce en una condena mayor para aquellos que abusan de una mujer, termina por beneficiar a los violadores, que, tras la entrada en vigor de la nueva ley, se enfrentarán a menos años de cárcel.
Las penas de la nueva ley
Concretamente, el texto aprobado este jueves contempla penas de 4 a 12 años para aquellos que cometan una agresión sexual consistente en el "acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías", mientras que, hasta ahora, la horquilla iba de 6 a 12 años.
Lo mismo sucede con los supuestos agravados, entre los que se encuentran las violaciones grupales, por ejemplo: si hasta ahora las penas oscilaban entre 5 y 10 años cuando no había violencia o intimidación, y entre 12 y 15 cuando sí la había, con la nueva ley, el abanico se reduce de 2 a 8 años y de 7 a 15, respectivamente.
El caso de la Manada
Se da la paradoja de que la idea de reformar estos preceptos surgió a raíz del mediático caso de la Manada de Pamplona con el objetivo de proteger a las víctimas. "No es abuso, es violación", gritaban los miles de mujeres que participaron en las manifestaciones convocadas después de que la Audiencia Provincial de Navarra estimara que no se podía hablar de agresión sexual.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, no dudó entonces en recoger el guante para promocionar su nueva ley. Sin embargo, la realidad es que no fue necesaria ninguna reforma, ya que el propio Tribunal Supremo acabó corrigiendo la sentencia, al entender que efectivamente se trataba de una violación, lo que se tradujo en penas mucho mayores para todos los acusados.
Hoy, sin embargo, Partido Popular y Vox advierten de que, con los cambios introducidos por Irene Montero, la Manada habría salido beneficiada. Los expertos consultados por Libertad Digital no son capaces de afirmar con rotundidad este extremo, puesto que la ley sigue manteniendo ese tope máximo de 15 años a los que fueron condenados finalmente por el Supremo y, por tanto, todo dependería de la valoración del juzgador.
De lo que no tienen ninguna duda es que otros tantos violadores sí verán reducida su condena por una ley que hasta el propio CGPJ ya advirtió de que acabaría desembocando en una "desprotección de las víctimas".
Los jueces, en contra
En un contundente informe publicado en febrero de 2021, el máximo órgano de gobierno de los jueces concluía que la llamada ley del sólo sí es sí suponía "una quiebra del principio de proporcionalidad en una doble dirección". Por un lado, para el autor del delito "no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor" y, por otro, se incurre "en el riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad".
Dicha conclusión aparece recogida igualmente en la enmienda a la totalidad presentada por Vox en el Congreso de los Diputados, en la que el partido de Santiago Abascal confesaba no entender "de qué modo puede esto ayudar" a que la violencia sexual disminuya. "Lo que se produce a fin de cuentas es una injusticia material, ya que ciertas actuaciones hasta ahora constitutivas de abuso serán castigadas en demasía, mientras que otras tipificadas como violación en su subtipo agravado en la legislación vigente, experimentarán un descenso de la pena", rezaba el texto.