El gobierno de la Generalidad ha anunciado este lunes la aprobación de un decreto ley para saltarse el fallo que indica que el 25% del horario lectivo en los colegios catalanes se debe impartir en español. Tras el fiasco de la ley de usos lingüísticos en la escuela, enviada por la oposición (Vox, Cs y PP) al Consejo de Garantías Estatutarias, el ejecutivo autonómico ha reaccionado con una "jugada maestra", un decreto ley que según los juristas de la Generalidad anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ratificada por el Tribunal Supremo.
En el redactado del decreto se hace mención explícita a que no se aplicarán porcentajes en la enseñanza de las lenguas, tal como fija la sentencia. Apuesta, en cambio, porque el catalán siga como idioma vehicular mientras que respecto al español insiste en que los alumnos "dominarán el catalán y el castellano" al final de la enseñanza obligatoria.
El decreto avala las práctica habituales en la enseñanza catalana en contra del español, tal como ha subrayado la portavoz del gobierno regional, Patrícia Plaja. Además, ha ensalzado la inmersión lingüística, ha reiterado los tópicos sobre las bondades de la "escola catalana" y ha añadido que "la obligación del Govern es evitar que las interferencias judiciales motivadas por persecuciones ideológicas no afecten al buen funcionamiento del modelo de escuela catalana".
Porcentajes y realidad sociolingüística
Según Plaja, el establecimiento de porcentajes es un error, por lo que los centros de Cataluña no tendrán que aplicar el criterio judicial, sino que se adaptarán a la realidad sociolingüística de la zona donde estén radicados. Al tiempo, será la consejería de Educación, dirigida por el republicano Josep Gonzàlez-Cambray, quien autorice y valide los proyectos lingüísticos de cada escuela.
Este decreto se aprueba en una reunión extraordinaria del ejecutivo autonómico y pretende dejar en papel mojado la sentencia del TSJC y la interlocutoria en la que daba de plazo hasta el 31 de mayo para aplicar el fallo del 25%. La intención del PSC y el bloque separatista era aprobar una nueva ley de usos lingüísticos en la escuela en la misma dirección que el decreto, pero no han llegado a tiempo porque Vox, Cs y PP acordaron enviar el texto a consultas en el Consejo de Garantías Estatutarias, un trámite que retrasaba la aprobación de la ley hasta mediados de esta semana como mínimo.
Ante la maniobra de los partidos constitucionalistas, el Govern ha optado por la vía del decreto, que saldrá publicado este martes en el Diario Oficial de la Generalidad. En paralelo, la consejería de Educación enviará también este martes una instrucción a los directores de los centros para que adecúen sus proyectos lingüísticos a la nueva normativa de la Generalidad. Con ello se pretende evitarles problemas judiciales.