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El Consejo de Transparencia exige a Pedro Sánchez que aclare si tiene acciones en Repsol y Red Eléctrica

Un ciudadano pidió información para saber si el presidente conserva acciones en las energéticas. El Ejecutivo no se la dio.

Un ciudadano pidió información para saber si el presidente conserva acciones en las energéticas. El Ejecutivo no se la dio.
Pedro Sánchez tras el Consejo Extraordinario de Ministros. | EFE

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha vuelto a poner en evidencia la opacidad del Ejecutivo con respecto a ciertas informaciones de sus miembros. En este caso, el organismo creado en 2014 ha dictado una resolución instando al Ministerio de Hacienda y Función Pública a detallar las empresas en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene dinero invertido en acciones o participaciones.

Un nuevo toque de atención al Ejecutivo que llega después de que un ciudadano pidiera ayuda al Consejo de Transparencia porque el Gobierno no quiso facilitarle esa información. En concreto el hombre, cuya identidad no ha trascendido, se dirigió a este organismo después de que la Oficina de Conflicto de Intereses se negara a decirle si el presidente seguía teniendo unas acciones que declaró poseer en 2014.

En concreto, en su momento, cuando Pedro Sánchez era líder del PSOE informó en su declaración de bienes que era propietario de 177 acciones de Repsol, valoradas en 3.309 euros, y de 235 acciones de Red Eléctrica, valoradas en 15.834 euros. En su última declaración registrada en el Congreso, declaró que en octubre de 2019, contaba con acciones cotizadas en bolsa por valor de 5.792 euros, pero ya no especificaba a qué empresas pertenecían.

Tampoco aparecía nada en la declaración comprensiva de patrimonio que publicó el BOE en 2021, a la que Hacienda remitió al solicitante de la información. Esta declaración tan solo recogía que el presidente tenía 5.550 euros en acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas no negociadas, pero dejaba vacío el apartado correspondiente a las sí cotizadas, la deuda pública y las obligaciones y bonos.

El Gobierno se negó a dar más información

A pesar de los esfuerzos del hombre por saber la información solicitada, el Gobierno dejó de responderle alegando que solo le podía dar la información que estaba publicada en el Boletín Oficial del Estado porque el resto de la información se encuentra "legalmente limitada" por el carácter reservado del Registro Electrónico de Bienes y Derechos Patrimoniales.

Además, argumentó que la propia ley establece que la "declaración comprensiva" de la situación patrimonial de los altos cargos" que se publica en el BOE debe omitir datos "referentes a su localización" para "salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares".

El objetivo fundamental de la persona que reclamó esos datos era saber si Sánchez mantiene las acciones en Repsol y Red Eléctrica que declaró en su momento, "teniendo en cuenta que su gestión al frente del Consejo de Ministros podría tener relación con la evolución financiera de esas dos empresas", y más, cuando "el precio de la luz y de los combustibles están en máximos".

Transparencia reprende al Ejecutivo

Sin embargo, según Transparencia "de ello no cabe deducir, ni que la información que se publica en el BOE se deba circunscribir a la que actualmente se publica, ni que el derecho de acceso a la información pública se tenga que limitar a los datos oficialmente publicados". Por eso, el Consejo señala que "frente a un derecho de rango constitucional como el derecho de acceso a la información pública únicamente cabe oponer límites que deriven directamente de la Constitución o hayan sido establecidos en una norma con rango de ley".

De hecho, considera que en este caso de solicitud de información "no se aprecia que exista límite alguno que restrinja el acceso a la información sobre las empresas en cuyo capital social tienen acciones o participaciones los altos cargos de la Administración General del Estado". Por todo ello, estima la reclamación del ciudadano e insta al Ministerio de Hacienda y Función Pública a remitir al solicitante la relación de empresas en las que tiene acciones el presidente del Gobierno.

Sin embargo, esta resolución de Transparencia puede caer en saco roto porque el Gobierno no está obligado a responder a pesar de que es el órgano que vela por el buen gobierno. De hecho, el Ejecutivo ya ha incumplido en varias ocasiones. También puede hacer alegaciones a las resoluciones del órgano.

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