Haciendo caso omiso del informe del CGPJ, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este lunes en segunda vuelta al polémico proyecto de ley Trans que contempla la libre autodeterminación del género sin informes médicos y con la posibilidad de hacerlo, incluso, desde los 12 años con autorización judicial.
El texto, que ahora deberá iniciar su tramitación parlamentaria, se ha aprobado en vísperas de la celebración del Orgullo, que, tal y como ha recordado la ministra de Igualdad, este año lleva como lema "Orgullo de país". "Porque el orgullo LGTBI hace de España un país mejor, un país más libre, un país más democrático, y también porque pensamos que todas, todos y todes podemos sentirnos muy orgullosos y orgullosas del país que somos, un país donde todo el mundo puede ser quien es", ha subrayado Irene Montero.
Inmigrantes trans
A tenor de lo explicado por la ministra, el proyecto de ley se envía al Congreso de los Diputados sin grandes cambios respecto al borrador inicial, aunque sí incorpora novedades para los inmigrantes que llegan a nuestro país y que, a partir de ahora, "podrán cambiar los documentos expedidos en España si en su país de origen no tienen garantizados sus derechos como personas trans".
Libre autodeterminación de género
La base de la nueva ley es el derecho a la autodeterminación de género, es decir, a cambiar el nombre y el sexo en el documento de identidad, sin necesidad de aportar informes médicos ni tratamientos hormonales, como se exigía hasta ahora.
El cambio se podrá solicitar a partir de los 12 años: entre los 12 y los 14, mediante autorización judicial; entre los 14 y los 16, con la asistencia de sus representantes legales; y, a partir de los 16, sin ninguna limitación. Para dar cobertura a los menores de esta edad que no cuenten con el consentimiento de padres o tutores, se crea la figura del Defensor judicial. Además, también se contempla la posibilidad de que los menores de 12 años puedan modificar su nombre.
La persona que así lo desee deberá solicitar el cambio ante un encargado del Registro Civil y rellenar un formulario en el que manifieste su disconformidad con el sexo que consta en sus documentos. Pasados tres meses, se volverá a convocar al solicitante para que reafirme su petición y, en el plazo de un mes, se procederá al cambio.
La despatologización de lo trans
El derecho a la libre autodeterminación lleva implícito la despatologización de las personas trans, que ya no tendrán que acudir a ningún medico que acredite la existencia de una disforia de género. De esta forma, se elimina cualquier tutela médica o legal.
Derecho a la reproducción asistida
Las personas trans con capacidad de gestar podrán optar a las técnicas de reproducción asistida. Además, las mujeres lesbianas, bisexuales y las que no tiene pareja volverán a tener acceso a las mismas dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Se prohíben las terapias de conversión
La ley aprobada por el Gobierno prohíbe expresamente las terapias de conversión, que estarán completamente prohibidas, incluso cuando cuenten con el consentimiento de la persona afectada. Se consideran una infracción "muy grave", castigada con multas de hasta 150.000 euros.
"Las vidas LGTBI y no necesitan ninguna cura, lo que necesita cura, en todo caso, es la gente lgtbifóbica -ha dicho la ministra- y eso se cura con la educación sexual integral, con la educación para la igualdad y la educación en diversidad".
La ley Trans en los centros escolares
Aferrándose a dicha premisa, el Gobierno ordena, a través de esta ley, reforzar la educación en el ámbito escolar. "Van a tener que incorporar contenidos específicos de respeto a la diversidad sexo-afectiva y también a la diversidad familiar", ha advertido Montero. Además, la ley garantiza que "los niños, niñas y niñes menores de 12 años serán tratados en los centros educativos conforme al nombre elegido".
El ámbito laboral
Al igual que en el ámbito educativo, la ley también impulsa la inclusión de las personas trans en el mundo laboral y, más concretamente, de las mujeres trans que, según ha denunciado la ministra de Igualdad, "son las que tienen una mayor brecha y mayores dificultades en el acceso al empleo". Queda por ver si, como otras normativas autonómicas, se incorporan incentivos para la contratación de personas trans en detrimento de otros colectivos.
Sanciones de hasta 150.000 euros
Para garantizar el cumplimiento de la ley Trans, el texto contempla un régimen de infracciones y sanciones que invierte las reglas relativas a la carga de la prueba en casos de discriminación al colectivo LGTBI.
Infracciones leves: se establecen sanciones de 200 a 2.000 euros para aquellos que incurran en vejaciones relativas a la identidad de género u orientación sexual. La ministra se ha referido específicamente a "insultos o mensajes discriminatorios, por ejemplo, pintadas".
Infracciones graves: se impondrán multas de 2.001 a 10.000 euros "por conductas como excluir de la contratación a una persona LGTBI o por la obstrucción de la actuación de los servicios de inspección en un caso en el que se sospeche que puede haber habido discriminación".
Infracciones muy graves: las sanciones más altas, de 10.001 a 150.000 euros, se reservan para las terapias de conversión o el uso o difusión en centros educativos de libros de texto y materiales discriminatorios. Estas multas también se contemplan para casos de "negación del acceso a bienes y servicios", como bares, piscinas o incluso al alquiler o compra de una vivienda .