Indulto 2.0. O, mejor dicho, 300.0. Porque la extensión del nuevo indulto solicitado por el presidente catalán, Pere Aragonés, a Pedro Sánchez se acerca mucho más a los más de 300 casos de violencia callejera por separatismo encausados judicialmente en estos momentos, que a un indulto exclusivo para Carles Puigdemont. Aragonés ha exigido el perdón general para los violentos ya confirmados como tales y para los que lo acaben siendo en futuros referéndum. Y Sánchez no podrá esgrimir sorpresa: ERC registró el pasado mes de mayo en el Congreso su petición formal y por escrito para proceder al archivo de toda actuación judicial para los CDR y Tsunamis. Toda una impunidad o inviolabilidad penal para quienes defienden con violencia la ruptura de España y, además, extensible a quienes preparan ya nuevos referéndum separatistas.
ERC quiere más. Y Sánchez, hasta el momento, ha concedido a sus socios todo lo que le han pedido. Ya dio un indulto a la cúpula del golpe separatista del 1-O. Y, ahora, Aragonés quiere impunidad plena para los delitos relacionados con el separatismo: incluido el lanzamiento de nuevos referéndum de ruptura de España.
La petición se ha hecho verbal en el encuentro de Sánchez y Aragonés. Pero lo cierto es que el presidente de España fue prevenido el pasado mes de mayo de toda la magnitud de las exigencias de los separatistas: ERC registró en ese momento formalmente en el Congreso de los Diputados una amnistía general, no sólo para todos los culpables del golpe separatista del 1-O ya condenados y perdonados, sino también para Carles Puigdemont y los más de 300 CDR y miembros de Tsunami Democràtic que se encuentran en procesos por delitos relacionados con el separatismo.
El documento de ERC que ha vuelto a ser reclamado a Pedro Sánchez, ahora ya de forma verbal y bilateral –como denomina Moncloa a estos encuentros con la Generalidad Catalana– no deja lugar a dudas. Recoge un mandato principal: "Cumplir con las recomendaciones dirigidas al Estado español incluidas en la Resolución 2381 (2021), de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa". Y toda una serie de aclaraciones que perfilan a la perfección las exigencias de ERC.
De este modo, los de Pere Aragonés aseguran que "el Estado español es miembro de pleno derecho del Consejo de Europa desde el 24 de mayo de 1977" y que "ser Estado miembro implica formar parte de un sistema de garantía colectiva y comprometerse con unos estándares de calidad democrática, de respeto del estado de derecho y de salvaguarda de los derechos humanos". De ese modo, y según ERC, "el artículo 3 del estatuto del Consejo de Europa reconoce el principio del imperio del Derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y se compromete a colaborar sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida en el capítulo primero" y "el estado español, como todos los miembros del Consejo de Europa, está sometido a distintos procedimientos de supervisión y de rendición de cuentas, y es en este sentido que ha de cooperar con esta organización internacional para la consecución de esas finalidades".
La afirmación, básicamente una deformación interesada del estatuto europeo mencionado, ha servido a los separatistas para empezar a trasladar exigencias a Pedro Sánchez. La primera que "reforme los preceptos penales de rebelión y sedición. Pero no reformarlos de cualquier manera, sino de manera que su interpretación no conlleve una vuelta a la penalización por la organización de un referéndum ilegal, teniendo en cuenta que se despenalizó en 2005, o que pueda dar lugar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas".
En segundo lugar, que "indulte a los presos políticos catalanes" y que retire "los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que residen en el exilio por organizar el referéndum y otras manifestaciones masivas". A esas reclamaciones le suman que "retire todos los procesos penales, incluidos los relativos a funcionarios de menor rango involucrados con el referéndum de 2017 y abstenerse de sancionar a los políticos sucesores de los presos políticos por acciones simbólicas que meramente expresaban solidaridad con aquellos en prisión".
Y, para finalizar, exigen que Sánchez "asegure que el precepto penal sobre malversación de caudales públicos se aplique de tal manera que la culpabilidad se determine, si y sólo si, las pérdidas para el presupuesto estatal o en sus activos, es real y cuantificada".
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