El Consejo General del Poder Judicial ha dado el visto bueno al nombramiento de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado. Sin embargo, la división en el seno del CGPJ es más que evidente, ya que, frente a los 12 votos a favor de su idoneidad para el cargo, se han registrado otros 7 en contra.
Aunque todavía no han trascendido los argumentos de estos últimos, lo cierto es que nada más conocer el nombre del sucesor de Delgado no tardaron en surgir voces que denunciaban tanto su politización como su cercanía a la ya exfiscal, puesto que el hasta ahora jefe de la Secretaría Técnica habría actuado como brazo ejecutor de la misma en todas las polémicas protagonizadas por la máxima representante del Ministerio Público. "Se ha dedicado a ser el apoyo de Delgado, más que a atender las funciones propias de una Secretaría Técnica", denunciaban a Libertad Digital fuentes de la Fiscalía.
Por otro lado, y aunque la ministra de Justicia, Pilar Llop, se esforzó el pasado martes en venderle como experto en medio ambiente y cambio climático para subrayar la supuesta idoneidad de su nombramiento en tiempo de incendios, lo cierto es que García Ortiz es conocido por su vinculación al PSOE gallego. No en vano, LD ya publicó la fotografía que demostraba su participación en la precampaña socialista de las últimas elecciones autonómicas, invitado por el propio líder del PSOE, Gonzalo Caballero.
Los próximos pasos
El informe recién emitido por el CGPJ supone el inicio del proceso para ratificar su nombramiento como nuevo fiscal general del Estado. Sin embargo, para completarlo, García Ortiz tendrá que comparecer próximamente ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Dicha comisión trabaja ya con la previsión de reunirse la próxima semana con carácter extraordinario para que, una vez superados todos estos trámites, el Consejo de Ministros pueda nombrarle de forma inminente. García Ortiz jurará su cargo ante el Rey y tomará posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.
De esta forma se cumplirá el 'iter' legal, ya que el ordenamiento jurídico establece que el fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ y previa valoración de su idoneidad por la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
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