La serie publicitaria de Pedro Sánchez ya cuenta con un convenio regulatorio firmado entre la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno y las productoras encargadas. Según el texto regulatorio, Sánchez lo hace todo guiado por "una finalidad de estricta transparencia democrática". Es más, según el Gobierno, el presidente convertirá La Moncloa en un plató publicitario en plena crisis porque es "un instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las tareas desarrolladas por la Presidencia del Gobierno y el funcionamiento de este órgano desde un punto de vista funcional". Pero es curioso que, con tanto afán de mostrar el día, Presidencia haya decidido censurar lo grabado, precisamente, en el día y que no pase lo controles finales. Y es que se ha firmado una prohibición expresa de publicar nada que no sea la "versión final" de la serie. Porque los "descartes" no se podrán emitir de ninguna manera "sin el previo consentimiento expreso de la Secretaría de Estado de Comunicación".
El convenio entre el Gobierno y las productoras es todo un argumentario para esconder lo obvio: se trata de una serie publicitaria de Pedro Sánchez en un intento de recuperar, de cualquier modo, el voto perdido.
El convenio afirma que "corresponde a la Secretaría de Estado de Comunicación, como órgano superior de la Presidencia del Gobierno, de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, la coordinación de la política informativa del Gobierno, el impulso y la coordinación de la política de comunicación institucional del Estado, la organización de la cobertura informativa de la actividad gubernamental y la asistencia a las actividades y comparecencias públicas del Presidente del Gobierno, tanto en territorio nacional como en el extranjero". Y señala que, en base a ese poder, "la Secretaría de Estado de Comunicación estima que el documental constituye un instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las funciones y el quehacer diario de la Presidencia del Gobierno, incluyéndose de manera primordial en su contenido a abordar, con el carácter propio de una serie documental, la realidad del trabajo de la figura del Presidente del Gobierno y su cometido diario, todo ello a partir de la perspectiva de los productores y del personal creativo contratado para su producción". Por eso, según Moncloa, "la cooperación articulada en el presente Convenio en ningún caso presentará caracteres propios de propaganda o publicidad partidista o política". Esta claro: por eso se centrará toda la serie en Pedro Sánchez.
El convenio sigue con su argumentario exculpatorio y afirma que "la propuesta efectuada está presidida por una finalidad de estricta transparencia democrática y constituye un instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las tareas desarrolladas por la Presidencia del Gobierno y el funcionamiento de este órgano desde un punto de vista funcional".
Lo cierto es que la Presidencia del Gobierno ha dejado un largo listado de "obligaciones" de las productoras. En primer lugar, deben "coordinar con el órgano competente de la Presidencia del Gobierno la grabación del documental en el Complejo de la Moncloa, y cualesquiera otros aspectos relacionados, a fin de que en ningún caso su presencia interfiera en las necesidades del servicio y funcionamiento de los órganos de la Presidencia del Gobierno". Traducido: cada vez que Moncloa asegure que algo interfiere, no se podrá grabar.
Es más, las productoras deberán "informar periódicamente, el día así convenido, del plan de producción, incluyendo asimismo las solicitudes para la grabación de entrevistas, actos y/o eventos que interfieran en el funcionamiento habitual de la Presidencia del Gobierno".
Además, los equipos deben "remitir periódicamente a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno una relación del personal al servicio de la Presidencia del Gobierno cuya participación en el documental estiman conveniente, indicando el propósito y contenido de las entrevistas que se vayan a realizar". Y los productores, por otra parte, tendrán que "gestionar la obtención de los Compromisos de Confidencialidad correspondientes de sus empleados y/o colaboradores, que puedan tener acceso al contenido de los materiales obtenidos o a información delicada que pudiera contenerse en cualquier tipo de documento o soporte".
Y, por último, las productoras sólo podrán divulgar el producto final. Ni un sólo fragmento más de lo aceptado. Por ello, se comprometen a "distribuir y difundir, únicamente, la versión final del documental (y sus extractos, resúmenes, secuencias, fragmentos o fotografías para la concepción de los materiales de promoción y publicidad del documental), la cual no estará sometida a limitación o restricción alguna (esto es, en todos los medios de explotación y difusión, en todo el mundo y hasta su paso a dominio público)". Sí podrán "explotar las grabaciones y fotografías que tengan como finalidad difundir el proceso de creación del documental –tales como el making off, el behind the scenes, sesiones de foto-fija, etc.– hasta el transcurso de un plazo de siete (7) años desde el estreno del documental y siempre que sean utilizadas para promocionar, publicitar o comercializar el documental, quedando totalmente prohibida su explotación con cualquier otro tipo de finalidad sin relación con el mismo".
Pero queda expresamente claro que, en consecuencia, los productores no podrán explotar el resto de los materiales brutos del documental (tomas falsas, descartes, versiones alternativas, etc.) sin el previo consentimiento expreso de la Secretaría de Estado de Comunicación".
"A estos efectos, los productores responderán frente a la Presidencia del Gobierno de cualquier infracción de esta obligación cometida por un tercero", sentencia el convenio.