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Sánchez hunde las inspecciones contra la explotación sexual en pleno caso Oltra

Pese a toda la propaganda feminista del Gobierno y la pretensión de abolir la prostitución, las inspecciones para prevenir la trata se han hundido.

Pese a toda la propaganda feminista del Gobierno y la pretensión de abolir la prostitución, las inspecciones para prevenir la trata se han hundido.
Pedro Sánchez e Irene Montero. | EFE

El Gobierno pone en el centro del debate legislativo la prohibición de la prostitución y la defensa de las mujeres. Pedro Sánchez acusa al resto de partidos de no concienciarse de la necesidad de protección de las mujeres. Y, en medio de ello, el Balance oficial de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, constata que el número de inspecciones administrativas en la "actividad preventiva contra la trata y explotación sexual" ha caído en picado desde la llegada de Sánchez al poder: de las 2.036 actuaciones anuales de 2018 hasta las 1.380 del ejercicio 2021. Todo un descenso del 32,2%. Mientras se publicita el mensaje contrario: el de la mayor actuación en defensa de las mujeres.

Y encima el dato se conoce en pleno escándalo por los abusos sexuales del entonces marido de Mónica Oltra a una menor tutelada y los casos similares en las Islas Baleares bajo tutela del Gobierno regional socialista.

El dato oficial figura en el Balance de la Trata y explotación de seres humanos en España 2017-2021, un estudio elaborado por el Ministerio del Interior y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen (CITCO). En ese informe se acompaña ese dato de una estadística que puede justificar, o no, la menor labor preventiva: el número de "personas en situación de riesgo". En ese recuento adicional se destaca que el número de personas en riesgo ha caído desde las 9.315 de 2018 hasta las 4.704 actual. Pero la pregunta es obvia: ¿se trata de una bajada real o de una menor detección y localización por el descenso de las inspecciones preventivas llevadas a cabo por parte de la Administración?

Lo cierto es que no se trata de la única contradicción de la política de este Gobierno con respecto a la protección de las mujeres: las violaciones en España han crecido un 34% en pleno alarde de gasto de dinero en defensa del feminismo por parte del Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, tal y como reflejaron este mismo año los datos oficiales correspondientes al cierre de 2021.

El balance de criminalidad correspondiente al cuarto trimestre de 2021 lo confirmó: entre enero y diciembre de 2020 –el primero de Irene Montero al frente de ese cargo– los "hechos conocidos" referentes a "agresión sexual con penetración" fueron 1.596 casos. Y entre enero y diciembre de 2021 ese apartado creció hasta los 2.143: un 34,3% en un año.

Y, para colmo, el Congreso de los Diputados ha dado ya luz verde a la bautizada como Ley de Libertad Sexual, más conocida como la ley del sólo sí es sí. Durante toda su tramitación parlamentaria, las mayores críticas se centraron en la modificación del concepto del consentimiento. Sin embargo, el Gobierno ha tratado de diluir el debate sobre otro de los puntos más controvertidos de la nueva norma: la rebaja de penas que conlleva para los casos más graves de violación.

Y es que se ha acabado con la tradicional división entre abuso y agresión sexual con la consecuencia de una rebaja de penas para las violaciones más graves. No en vano, en un durísimo informe, el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió en su día de que esto podría acabar desembocando en una "desprotección de las víctimas".

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