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Moncloa y ERC negocian rebajar el delito de sedición a cambio del sí de los separatistas a los Presupuestos

ERC lo pone como condición para apoyar las cuentas y La Moncloa afirma que hay que "homologarse a países de nuestro entorno"

ERC lo pone como condición para apoyar las cuentas y La Moncloa afirma que hay que "homologarse a países de nuestro entorno"
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez | EFE

La Moncloa y ERC negocian reformar el artículo 544 del Código Penal para rebajar el delito de sedición y evitar que vuelvan a producirse sentencias como la del procés de entre 9 y 13 años de cárcel. En la actualidad, las penas van de los 9 a los 13 años de cárcel y la idea del PSOE es reducirla a menos de 5 años con la excusa de homologarlo a Francia o Alemania.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha utilizado una serie de eufemismos como "poner justicia donde hay injusticia" y ha hablado de "desjudicialización", pero sin llegar a hablar del delito de sedición. Fuentes del entorno separatista han confirmado que en las negociaciones hay toda "una agenda antirrepresiva" y que los negociadores socialistas le han trasladado que "es posible" derogar este delito.

Moncloa no lo niega

La respuesta ha llegado desde el Palacio de La Moncloa donde Isabel Rodríguez no ha negado una posible negociación y preguntada por el delito de sedición ha afirmado que "hay que conformar mayorías" y que se "puede explorar". "Creemos que España podría homologarse a países de nuestro entorno", ha añadido la ministra portavoz.

Pedro Sánchez nunca ha ocultado que reformar el delito de sedición estaba entre sus objetivos pero que "no había una mayoría", una forma de guardarse el as hasta la negociación presupuestaria. Tanto Podemos, como el resto de socios separatistas, no ven con malos ojos una rebaja del artículo 544. Al ser una ley orgánica, bastaría con la mayoría absoluta, 176 escaños, que el Gobierno tendría más que asegurada.

El Gobierno tampoco tendría que empezar de cero ya que el exministra de Justicia, Juan Carlos Campo, dejó en varias ocasiones la puerta abierta afirmando que era "un compromiso del Gobierno" modificar el Código Penal para adaptarlo "al marco normativo de la Unión Europea".

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