La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) vuelve a la carga en su afán por echar a los monjes Benedictinos del Valle de los Caídos. En un escrito dirigido al Gobierno, la asociación exige a Pedro Sánchez que les eche de inmediato o renueve el convenio por el que permanecen allí, ya que la concesión habría terminado en octubre de 2020.
Según denuncian, los monjes permanecen "ilegalmente" en el Valle, por lo que, de no tomar medidas al respecto, amenazan con presentar una denuncia por prevaricación ante la Fiscalía "ante el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno". En concreto, la ARMH afirma que "desde el 2 de octubre de 2020 se extinguió el convenio que regula la presencia de un grupo de monjes" en ese lugar, firmado entre el Estado y la Abadía Benedictina de Silos y que desde 1958 regía la presencia de esa congregación religiosa en Cuelgamuros.
La extinción del convenio
Según la asociación, al no haber sido renovado por el Estado y haber transcurrido cuatro años de la entrada en vigor de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio está extinguido. Esta ley, en su disposición adicional octava, dicta que "cualquier convenio con el Estado por tiempo indefinido que no haya sido prorrogado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley quedará extinguido a los cuatro años", un plazo que se habría cumplido el pasado 2 de octubre de 2020.
Con todo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica defiende que la comunidad benedictina "debería haber abandonado el Valle de los Caídos el pasado 1 de octubre de 2020, último día de vigencia del convenio que les autorizaba a residir y gestionar sus instalaciones". A partir de ese día, reza el escrito dirigido al Ejecutivo, "su estancia debe considerarse ilegal y el Gobierno, en su deber de velar por la legalidad, debería haber obligado a los monjes a abandonar el recinto y dejar de ejercer cualquier control sobre el mismo".
La Fiscalía ya tiene constancia
No es la primera vez que la ARMH denuncia esta situación. En febrero de 2021, la ARMH ya registró un escrito a la Fiscalía General del Estado para denunciar la permanencia ilegal de los monjes en las dependencias del Valle. El Ministerio Público se limitó entonces a informar de que había dado traslado "al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, al considerar que ese organismo tiene las competencias para ejercer en su caso las acciones legales y administrativas".
Ante esta nueva amenaza, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, asegura que "el Gobierno tiene dos opciones: o echa a los monjes benedictinos inmediatamente y hace cumplir con la legislación vigente o, si lo que quiere es la permanencia de los monjes en el Valle, tendrá que renovar el convenio que ya no está en vigor. De lo contrario estaría prevaricando al incumplir las leyes que le obligan a tomar medidas".
Ante el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno, la ARMH estudia presentar así ante la Fiscalía "una denuncia por prevaricación, ya que el Gobierno es consciente de que está incumpliendo una ley que le obliga a restablecer la legalidad y aplicar las medidas que genera la extinción del convenio y no lo hace".