Cuando el pasado 26 de septiembre José Manuel Pérez Tornero presentó su dimisión como presidente de RTVE, fueron muchos los que se apresuraron a situar detrás de tal maniobra el afán de Pedro Sánchez por controlar -aún más- el ente público a las puertas de un año electoral.
Sin embargo, fuentes internas ya advirtieron a Libertad Digital de que el objetivo del Gobierno iba más allá: "La verdadera batalla no es por el control político, que ya lo tienen, sino por el económico". Las prisas del Ejecutivo por consumar el asalto a RTVE esquivando el preceptivo control del Congreso de los Diputados vienen ahora a apuntalar esta teoría que en los pasillos del ente público ya era más que un rumor y al que ahora el sindicato USO se atreve a poner cifras: "Vienen a por la pasta y, concretamente, a por los 30 millones de euros que hay en juego para repartir a productoras amigas".
El porqué del Real Decreto
A pesar de haber sido nombrada presidenta interina, Elena Sánchez tenía las manos atadas para cuestiones que afectan directamente a la gestión económica: ni podía realizar ceses ni nombramientos, ni podía sacar adelante los contratos de mayor envergadura, que son los que tienen que ver precisamente con el jugoso negocio de las productoras. Para eso, se requieren poderes ejecutivos.
Según establece la ley de 2006, sólo el Congreso de los Diputados tiene la potestad para elegir al presidente ejecutivo del ente público y debe hacerlo por mayoría cualificada de dos tercios. Sin embargo, dicho procedimiento no solo requiere de la negociación con el resto de los grupos parlamentarios, sino que, además, cuenta con unos plazos que hacen que la votación no sea precisamente rápida.
Para evitar tal dilación, el Gobierno tomaba este martes la salomónica decisión de aprobar un real decreto -una figura de la que ha venido abusando desde sus inicios-, para dotar de plenos poderes ejecutivos a su elegida, saltándose de facto tanto los estatutos de RTVE como el reglamento del Consejo de Administración.
"Lo venden como que esta situación no se podía mantener en el tiempo, pero es que ni siquiera han hecho el intento de cumplir con los estatutos ni con la Ley", lamenta USO, que denuncia que esta "chapuza maquiavélica" es más propia de "repúblicas bananeras" que de un país democrático como es España. Precisamente por eso, su secretario general, José Carlos López, tiene claro que el objetivo de la operación a la que estamos asistiendo es eminentemente económico.
Contratos por valor de 30 millones
"Controlan los servicios informativos y ahora vienen a por la pasta", sentencia antes de desvelar que RTVE tiene en el aire ahora mismo la aprobación de hasta "once proyectos de producción por un valor de 30 millones de euros que estaban a punto de firmarse". Un presidente interino no podría hacerlo, lo que explicaría las prisas del Gobierno por dotar de poderes ejecutivos a Elena Sánchez.
Se da la casualidad de que, entre esos once proyectos citados por los sindicatos, destaca el que hace unos días desvelaba Vozpópuli: "Un contrato millonario para José Miguel Contreras, Prisa y Julia Otero", por el que la conocida periodista volvería a TVE para presentar un programa que contaría con un presupuesto inicial de unos 5 millones de euros. El espacio estaría producido por Lacoproductora, la empresa audiovisual fundada por Contreras y que, a finales del pasado mes de marzo, pasó a manos del Grupo Prisa.
El escandaloso trato de favor al conglomerado mediático de izquierdas hace tiempo que lleva siendo motivo de reproches por parte de los trabajadores del ente público. No en vano, hace tan solo unas semanas, RTVE decidió retransmitir en directo y en La 1 la gala de Cadena Dial, perteneciente al Grupo Prisa. La noticia no solo levantó ampollas por la doble vara de medir -el día anterior, se habían negado a emitir la gala de presentación de la nueva programación de la propia RTVE-, sino porque, en lugar de cobrar por ello, se llegó incluso a pagar más de 120.000 euros por emitir estos premios.
"Algún firmante acabará siendo consejero de los que cobran de verdad, pero en Prisa", denuncia USO, que advierte de que "esto es solo el principio". Casualmente, el departamento de vídeo del Grupo Prisa está dirigido por Fran Llorente, exjefe de Informativos de RTVE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Miguel Barroso -hoy consejero del grupo Prisa- de secretario de Comunicación.
En el recuerdo queda también el polémico programa Las cosas claras de Jesús Cintora que, ya en noviembre de 2020, RTVE confió a Lacoproductora y que sería retirado de la parrilla unos meses después gracias, precisamente, al voto del ya expresidente Pérez Tornero.
¿Una maniobra inconstitucional?
Con todo, el secretario general de USO tiene claro que el objetivo del Gobierno con esta nueva maniobra no es otro que "seguir metiendo mano en la caja", lo que teme que, además, vaya acompañado de nuevos cambios en la estructura orgánica. En este sentido, José Carlos López llama a prestar especial atención al consejo extraordinario de RTVE que se celebrará este mismo viernes: "Si efectivamente se cambia la estructura, será más que evidente que todo responde a un plan perfectamente orquestado, porque eso no es algo que se pueda pensar de un día para otro".
Suceda lo que suceda, lo que está claro es que el Gobierno se ha metido en un terreno pantanoso que, según USO, incluso podría acabar en los tribunales. "Las chapuzas y las prisas por controlar a la Corporación pueden ser inconstitucionales y generar una situación de inseguridad jurídica e inestabilidad institucional sin precedentes.