La ley de Bienestar Animal de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, va a crear una especie de Seguridad Social para animales "extraviados y abandonados" con servicio de ambulancias, clínicas y veterinarios de urgencia. Mientras tanto, el Gobierno sube los impuestos de las clases medias, obliga a los empresarios a limitar la calefacción para ahorrar y los españoles siguen perdiendo poder adquisitivo con un IPC que ha encadenado tres meses por encima del 10%, a falta de conocer el dato de septiembre.
"Llevar a cabo esta ley supone un incremento de gasto tremendo aunque en la propia ley no se diga, explica el veterinario Manuel Fuentes, que también es cetrero y miembro de Nostra Terra, una asociación sin ánimo de lucro que tiene como función principal promover la conservación de la riqueza natural de España.
Posiblemente uno de los mayores gastos públicos que contempla la ley de Bienestar Animal se esconde en el artículo 22, que obliga a todos los Ayuntamientos, independientemente de su número de habitantes, a contar con un "servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria disponible las veinticuatro horas del día", es decir, un sistema sanitario de ambulancias, veterinarios y clínicas similar al de los humanos.
Corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día. Esta gestión podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realicen en colaboración con entidades de protección animal. (Art. 22.1)
"Y la ley no habla de instalaciones para perros y gatos. Habla de "animales" en general", destaca el veterinario Manuel Fuentes. Eso supone que los ayuntamientos deberían disponer de espacios habilitados para atender a cualquier animal: caballos, reptiles, anfibios, aves…
Fuentes también señala que la ley esconde una vía de financiación para los chiringuitos animalistas cada vez que señala que este tipo de servicios "se realicen en colaboración con entidades de protección animal": "Es una coletilla que se repite a lo largo del texto continuamente y que persigue abrir vías de subvención a estas organizaciones para captar dinero público", señala Fuentes.
En el caso de que un ayuntamiento no tenga medios propios para ofrecer una seguridad social animal las 24 horas, la ley de Belarra señala en el artículo 22.3 que se podrán "suscribir convenios de colaboración con centros mancomunados". Aún así, recalca la ley, los ayuntamientos tienen que disponer de "una instalación temporal municipal para albergar a los animales hasta su recogida por el servicio correspondiente".
Rescate de gatos en caso de emergencia
La seguridad social de los animales no acaba ahí. Las Comunidades Autónomas deben diseñar un protocolo para rescatar a los gatos de las colonias felinas "en casos de emergencia, tales como inclemencias climatológicas o desastres naturales", según se afirma en el artículo 48.
Así que según la ley de Bienestar Animal, a partir de ahora, en una situación de emergencia, los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendrán que preocuparse también por poner a salvo a los gatos callejeros, no solo a los humanos.
Además, los animales de compañía de las "personas sin hogar, víctimas de violencia de género y cualquier persona en situación similar" deben tener acceso garantizado a los albergues, refugios y centros asistenciales. Pero si no fuera posible, la ley abre la puerta nuevamente a promover "acuerdos con entidades de protección animal" a las que seguramente se dotará de ayudas y fondos públicos para acoger a los animales de personas sin recursos.