La consigna pública es que, a día de hoy, el Gobierno "no cuenta con los votos necesarios" en el Congreso para reformar el delito de sedición. Lo afirmó el viernes Pedro Sánchez y lo volvió a reiterar este lunes la portavoz del PSOE, Pilar Alegría. "Es un debate que tiene que trasladarse a las Cortes y es evidente que no hay una mayoría", añadió desde la sala prensa de Ferraz.
La frase, que parece que enfría la reforma, es todo un guiño a ERC o Bildu que hasta ahora sólo se mostraban favorables a eliminar el delito de sedición en vez de reducir las penas. En privado, dirigentes socialistas ponen el foco en el partido de Junqueras. Si Esquerra se muestra a favor en público, el Gobierno rescataría del cajón la reforma que dejó escrita el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo que, con la excusa de homologarlo a Francia o Alemania, reduce las penas de los 9 a los 13 años de cárcel actuales a menos de 6 años.
ERC cambia de postura
El tema no es nuevo. Desde hace semanas, tal y como informó LD, La Moncloa y ERC negociaban reformar el artículo 544 del Código Penal para rebajar el delito de sedición y evitar que vuelvan a producirse sentencias como la del procés. El Gobierno trasladó al sector separatistas que "es posible" y les recordó que Campo, el mismo que indultó a Junqueras, ya hizo un borrador. Pero al Gobierno le faltaba el pronunciamiento público de ERC. Sólo Gabriel Rufián se había mostrado favorable a la reducción de penas mientras que el resto de la formación se mantenía en la eliminación.
La presión sobre ERC parece que empieza a surtir efecto. Este lunes, desde Barcelona, la portavoz de Esquerra, Marta Villata, se mostraba favorable pero avisaba que van a ser "exigentes" y que "el Estado ya sabe qué tiene que hacer". Otro partido que también estaba a favor de abolir el delito era Bildu.
El Gobierno espera más pronunciamientos públicos y que éstos se muevan hacia la reforma a los que se unirían Unidas Podemos o PNV y el PDeCAT. Sólo así, con la garantía de sacarlo adelante, La Moncloa se embarcaría en una reforma que llegaría con la máxima brevedad al Congreso con la esperanza de que el calendario no coincida con las autonómicas y municipales.
