El asalto al Tribunal Constitucional del Gobierno no era –o es– sólo cuestión del PSOE. Lo es principalmente de ERC y de Bildu. Y las pruebas siguen desvelándose por momentos. Bildu se ha encargado ya de pasar el recado directamente a Pedro Sánchez por la ruptura de las negociaciones con el PP para renovar el Constitucional. Y lo ha hecho a su más puro estilo: con un mensaje, publicado por Libertad Digital, en el que pregunta al presidente si "cumplirá con las promesas pendientes en materia de derechos".
ERC igualmente ha reclamado un referéndum separatista y el perdón absoluto para todos los delitos relacionados con el nacionalismo. Y ahora es Podemos el que desliza la última pieza de este cuadro: una última bomba normativa consistente, nada menos, que en la pérdida de capacidad del Estado para uniformar la legislación desarrollada por las comunidades autónomas. Todo ello podría acabar pasando por el Tribunal Constitucional ante el grado de ataque a las garantías constitucionales que implica. Por eso quieren el control del TC.
Una de las últimas piezas del cuadro de demolición institucional preparado por ERC, Bildu y Podemos, con la autoría inseparable del PSOE, ha sido impulsada por los morados. E implica nada menos que la incapacidad del Estado para mantener una mínima uniformidad legislativa en toda España. Y nada menos que en la materia que controla el día a día de las relaciones comerciales, vecinales y hasta de las reclamaciones de los ciudadanos más habituales. Y sin una uniformidad legislativa mínima, España pasaría a convertirse en un amasijo de territorios totalmente fraccionados: el sueño separatista.
El texto de este plan aparece definido en un documento registrado por Podemos en el Congreso a finales de septiembre. Y allí se defiende sin ambages este fraccionamiento legislativo en materia de derecho civil.
Autogobierno valenciano
Los morados afirman que "con la reforma del Estatuto aprobada por les Corts y las Cortes Generales en el año 2006 (LO 1/2006), se configuró la recuperación del Derecho Civil Foral como uno de los ejes del autogobierno valenciano". Y no dudan en mostrar la importancia histórica del fraccionamiento legislativo, por cierto, tumbado años más tarde por el mismo TC que ahora ellos quieren asaltar. Y es que la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano "del año 2006 hizo posible, tras 300 años de reivindicación, que les Corts volvieran a dictar leyes civiles como hacen también por motivos históricos otras seis comunidades autónomas, y por fin se corrigió la arbitrariedad derivada de la Batalla de Almansa y los Decretos de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, momento histórico en que Felipe V abolió las normas privativas de derecho público y privado otorgadas por Jaime I en el siglo XIII a los valencianos".
Podemos toma como base ese ejemplo, cortado ya por el TC, y pretende avanzar hacia un modelo de fraccionamiento normativo generalizado: "El ejercicio de la capacidad legislativa autonómica posibilitó que durante ocho años, de 2008 a 2016, los valencianos dispusieran de leyes valencianas modernas de familia, a saber, la Ley 10/2007, del régimen económico matrimonial valenciano, la Ley 5/2011, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, y la Ley 5/2012, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana, pero todas ellas fueron anuladas por las sentencias n° 82/2016, n°110/2016 y n° 192/2016 del Tribunal Constitucional, quedando vacía de contenido la capacidad de autorregulación en materia civil de los valencianos".
Pero Podemos no se rinde y asegura que "como reacción a dichas sentencias se ha producido un efecto benéfico en defensa del autogobierno; la sociedad civil y el municipalismo han generado un gran consenso en apoyo a la integridad del autogobierno definido en el Estatuto de Autonomía de 1982, modificado por la Ley Orgánica 1/2006". Para los comunistas, ese supuesto apoyo, procede de "sindicatos, universidades, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones culturales y de consumidores, así como 541 ayuntamientos". Y recuerda que las Cortes valencianas "han presentado al Congreso la Proposición de Ley de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución Española para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano, proposición que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el ya lejano 28 de febrero de 2020".
Una puerta para otras CCAA
Evidentemente, esa puerta abierta podría ser utilizada por otras CCAA, hasta convertir en cosa del pasado la unidad legislativa española. Por eso Podemos se "lamenta", porque "una petición tan ampliamente respaldada por los valencianos, tras dos años y medio de espera en el Congreso, no ha sido culminada, por lo que procede agilizar el trámite parlamentario y defender y conseguir la aprobación de la modificación constitucional que han propuesto Les Corts, y precisamente cuando conmemoramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía de 1982".
"Han pasado 315 años desde la promulgación de los Decretos de Nueva Planta de 1707, 6 años desde la declaración de inconstitucionalidad de las leyes civiles valencianas modernas en 2016, y más de 2 años desde que Les Corts Valencianes presentaron la Proposición de Ley de modificación constitucional para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano", señalan los comunistas.
Y, por todo ello, Podemos exige a su propio Gobierno que reforme el artículo 49 de la Constitución Española. Asegura que "esta modificación parcial se limitará exclusivamente a estas dos reformas sociales de la Carta Magna". Pero, obviamente, abierta la espita, el camino estaría disponible para un desmoronamiento general de la unidad legislativa.