Nuevo capítulo del embrollo Puigdemont. La consulta de la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, a la Junta Electoral Central (JEC) de España sobre el estatus político del expresidente de la Generalidad prófugo se ha saldado con la respuesta de que Puigdemont no acató la Constitución tras resultar electo en las elecciones europeas de mayo de 2019 y por tanto no es eurodiputado de pleno derecho.
Puigdemont ejerce como tal gracias al anterior y difunto presidente de la cámara europea, el italiano David Sassoli, que validó un informe de los letrados comunitarios que se sustentaba en una providencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a un recurso de Oriol Junqueras. El Tribunal europeo fallaba a favor del indultado jefe de ERC al considerar que el trámite de la jura o acatamiento de la Constitución no era obligatorio. Sin embargo, tal providencia quedó anulada por la situación procesal en España del que fuera vicepresidente en el gobierno golpista liderado por Puigdemont.
Metsola envió una carta el pasado mes de mayo a la JEC en la que preguntaba si Puigdemont había cumplido todos los requisitos para poder ser considerado diputado del Parlamento Europea. La respuesta es que no, que Puigdemont no es eurodiputado porque no acudió ante la JEC en Madrid a acatar la Constitución y que por tanto no dispone "de ninguna de las prerrogativas que les pudieran corresponder, todo ello hasta que presten juramento o promesa de acatamiento a la Constitución española", según consta en la respuesta que la JEC ha enviado al Parlamento Europeo.
Escaño vacante
La Junta Electoral aclara a la presidenta del Parlamento Europeo que el escaño de Puigdemont "debe permanecer vacante temporalmente hasta que se produzca ese acatamiento, con la consiguiente suspensión de sus derechos y prerrogativas en los mismos términos".
La demanda de explicaciones de la presidenta del Parlamento Europeo se debió a un requerimiento del Comité de Asuntos Jurídicos de la eurocámara ante la imposibilidad de verificar las credenciales de Puigdemont, así como de otros dos fugados, Toni Comín y Clara Ponsatí, y del dirigente de ERC Jordi Solé, que pese a no estar en búsqueda y captura se negó a acatar la Constitución.
De modo que los cuatro escaños se deben considerar vacantes "temporalmente hasta que se produzca ese acatamiento, con la consiguiente suspensión de sus derechos y prerrogativas en los mismos términos", según la respuesta remitida por la JEC a la consulta de la presidenta de la cámara comunitaria.
La pelota está ahora en el Parlamento Europeo, cuya presidente debería suspender a Puigdemont y los otros tres supuestos eurodiputados de su condición al no haber cumplido los requisitos legales en España para asumir el acta de parlamentarios y disfrutar de sus prerrogativas.