
El Juzgado Número 1 de lo Penal de Palencia ha rechazado este miércoles las alegaciones presentadas por la exmujer de Javier Avellaneda para eludir la condena de dos años de prisión -a los que se sumarán otros dos- impuesta por secuestrar a su hijo Alejandro. Después de casi 7 años sin poder abrazarle, el palentino ha recibido la noticia entre la alegría y la inquietud, puesto que, al no haber dictado todavía ninguna medida para devolverle al menor, teme que su expareja pueda cometer una locura.
"Es una buena noticia, pero al igual que me lo han notificado a mí, ella también lo sabe y... ¿Quién me dice a mí que esta mujer, que lleva en tratamiento psiquiátrico desde 2015, no se ata la manta a la cabeza como la madre de Olivia y se carga a mi hijo o se lo lleva a Marruecos?", se pregunta Avellaneda, recordando que su actual pareja es originaria de este país.
La ejecutoria que se encuentra actualmente sobre la mesa corresponde a una primera denuncia por la que el Tribunal Supremo acordó una pena de dos años de prisión. Sin embargo, este mismo tribunal acaba de ratificar una segunda condena por dos años más. En vista de que su exmujer cuenta también con antecedentes penales por abandono de familia, su entrada en la cárcel se antoja ineludible. Precisamente por eso, Javier lleva tiempo reclamando que el juez dicte, además, una orden que le devuelva a su hijo de forma inmediata, pero, a pesar de haberle retirado la patria potestad a la madre, sigue sin arrebatarle al menor.
El "peligro" de una secuestradora reincidente
"Lo lógico es que el juez que está denegando la suspensión de la pena tome la decisión de proteger al niño, que debería ser lo primero de todo precisamente para evitar un final como el que desgraciadamente ha tenido la pequeña Olivia", insiste el palentino, que advierte de que "si antes ella tenía una remota posibilidad de que se apiadaran de ella, ahora sabe que sí o sí va a entrar en prisión y, por tanto, es ahora cuando más peligro corre Alejandro".
El auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, acuerda rechazar sus alegaciones, amparándose en su falta de arrepentimiento y recordando que hasta el propio fiscal se ha manifestado en contra de tal posibilidad. "Procede la denegación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad solicitada por la penada, habida cuenta de la conducta actual de la misma y su persistencia en la reiteración delictiva, con respecto del mismo delito por el que ya ha sido condenada en dos ocasiones", reza el escrito del juez.
Además, el magistrado recuerda que, en estos momentos, la patria potestad "la ostenta únicamente el progenitor paterno, quien sigue a día de hoy sin poder estar con su hijo", ante la negativa de su exmujer a entregárselo después de un secuestro que se prolonga ya durante casi 7 años.
¿Y ahora qué?
Con todo, Avellaneda espera ahora que en los próximos días Instituciones Penitenciarias imponga a su exmujer un plazo concreto para entrar en prisión de forma voluntaria y que, de no hacerlo, las fuerzas de seguridad hagan por fin lo que hace tiempo tenían que haber hecho. No en vano, el palentino ya ha presentado una denuncia contra los policías que durante todo este tiempo se han negado a detener a su exmujer, a pesar de saber que estaba cometiendo un delito y que ya había sido condenada por el Tribunal Supremo en sentencia firme.
"En Palencia hay un niño secuestrado por su madre con la connivencia de policías y jueces, que cobran su salario sin hacer su trabajo -denunciaba hace unos días en LD ante la lentitud de unos y otros-. Y estamos hablando de un niño que ya no es que esté secuestrado por su madre, es que está secuestrado por una madre que ni siquiera tiene la patria potestad".
Aunque se trata de un mero trámite y no parezca que la decisión del juez pueda tener marcha atrás, éste concede a la penada la posibilidad de impugnar su decisión "mediante interposición de recurso de reforma en el plazo de tres días" o a través de apelación "en el plazo de cinco días". Ante la dilación que esto pueda suponer, Avellaneda reitera, no obstante, que su mayor preocupación es que la Justicia proteja a su hijo: "¿Vamos a esperar a que haya otro caso Olivia para darnos cuenta de que lo primero tiene que ser proteger a los niños?".