Las últimas noticias del Tribunal de Cuentas ya eran favorables a los líderes golpistas del separatismo en abril de este año, cuando la renovación del órgano propició una sustancial rebaja de la factura del golpe de Estado separatista. Una de las primeras providencias del nuevo fiscal del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, fue recalcular las cuentas de su antecesor, de modo que las fianzas exigidas a los líderes del golpe pasaban de 9 a 3,4 millones de euros.
Allá donde el anterior fiscal, Miguel Ángel Torres, reclamaba a los encausados 3.903.294 de euros por la organización del referéndum ilegal del 1-O, su sustituto pide 1.219.838 euros. En cuanto a la difusión en el extranjero del proceso separatista, los gastos en "embajadas", propaganda, viajes y sobornos internacionales, se pedían 5.150.711 millones de euros y ahora 2.209.503 euros.
Pero millón arriba o abajo –el coste del proceso separatista es incalculable– si prosperan las enmiendas que socialistas, podemitas y separatistas ya han anunciado en el trámite parlamentario de la despenalización del golpe de Estado relativas al concurso medial de la malversación, las multas y fianzas podrían quedar en papel mojado.
Una de las quejas recurrentes de los dirigentes separatistas era el elevado importe de las fianzas del Tribunal de Cuentas. Para remediarlo, la Generalidad utilizó el Institut Catalá de Finances, un órgano público crediticio que avaló las fianzas de los golpistas gracias a la intervención del exconsejero de Economía de Junts per Catalunya (JxCat) Jaume Giró, el exdirectivo bancario. Y el renovado Tribunal de Cuentas aceptó que la Generalidad avalara unas fianzas a los golpistas por unos delitos cometidos con cargo a los fondos públicos de la propia Generalidad.
Artur Mas, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y consejeros y altos cargos de la Generalidad denunciaron con gran alarde de golpes en el pecho que el Estado quería arruinarles, que la "represión" judicial y económica era insoportable y les llevaba a la ruina. Nada nuevo. Pocos meses antes del golpe de Estado, un consejero de Puigdemont, el de Empresa, Jordi Baiget, fue cesado por dudar del proceso y declarar en un periódico separatista que una cosa era pasar un tiempo en la cárcel y otra perder el patrimonio.
¿Devolverá las donaciones la "caja de solidaridad"?
Si prosperan las enmiendas sobre la malversación, las multas y fianzas serán devueltas a los líderes golpistas. Está por ver si se retornarán a los donantes los más de seis millones de euros recaudados por la "caja de solidaridad" del independentismo para sufragar los requerimientos de los tribunales. Miles de independentistas se rascaron el bolsillo en la creencia de que los juzgados dejaban en la ruina a sus líderes políticos. Una de las grandes campañas del independentismo fue apelar a la solidaridad de las bases, que fue notable al principio y decayó paulatinamente.
