Amparándose en su intención de prevenir la violencia contra la infancia, el Gobierno se propone ahora dar clases a padres, madres, abuelos, tíos y otros cuidadores para que aprendan a tratar bien a los menores. Así consta en la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y que será aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
A pesar de que aún no se conocen todos los detalles, lo que sí ha trascendido es que los cursos -que, según el Ejecutivo, pretenden dar respuesta al mandato de la conocida como Ley Rhodes- correrán a cargo de centros educativos y de servicios sociales.
Su objetivo, tal y como se recoge en el documento al que ha tenido acceso Europa Press, es "capacitar a las familias" en la crianza. Para ello, desarrollará un plan que cubrirá todas las edades y que abordará la "parentalidad positiva", promoviendo un "enfoque de protección integral", así como un "enfoque de género". Entre otros aspectos, se trabajarán, además, la "psicología del trauma" y la "gestión de conflictos".
Distintas formas de violencia
Según los datos del Ministerio del Interior, en el año 2021, España registró un total de 55.354 denuncias por parte de niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, y se comunicaron al sistema de Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) 21.521 notificaciones sobre menores víctimas de violencia. Entre otras metas, el Gobierno se propone que, en 2030, el 100% de la población encuentre "inaceptable" las distintas formas de violencia que afectan a la infancia y adolescencia.
En este sentido, el departamento dirigido por Ione Belarra considera que "algunas normas sociales y tradiciones nocivas continúan justificando ciertos tipos de violencia (como los castigos físicos, la mutilación genital o el matrimonio infantil)", al tiempo que "ciertos tabúes (como los relativos a la sexualidad)" aumentan la vulnerabilidad de los menores. De la misma forma, el Ministerio de Derechos Sociales alerta de la "tolerancia hacia el racismo, el sexismo, la homofobia y la disfobia" y de los "modelos de masculinidad y de feminidad tóxicos" que, según defiende, prevalecen en ámbitos como la publicidad o el ocio.
Tras las polémicas surgidas en números centros de menores, el Gobierno subraya, además, que se pondrá especial atención a los niños que están bajo el amparo de los sistemas de protección, los inmigrantes no acompañados y aquellos más vulnerables por razones de salud mental.
Educación afectivo-sexual
Por otro lado, se anuncian "campañas y acciones de sensibilización sobre diferentes contenidos de educación afectivo-sexual para niños, niñas y adolescentes de todas las edades, incluido el colectivo de cero a seis años, y sus familias".
Con todo, el Ministerio de Derechos Sociales se marca como meta para 2030 que se incremente en un 50% el número de niños, niñas y adolescentes que identifican como violencia todo tipo de agresiones contra la infancia; en un 30% el número de menores que declaran no haber sufrido nunca una victimización de ningún tipo; y en un 30% el número de menores que saben a quién reportar en caso de sufrir una victimización grave.
Asimismo, se propone que las comunidades autónomas cuenten con un órgano de participación infantil y adolescente y que se garantice su protagonismo.
Especialización y atención gratuita
La Estrategia también contempla la especialización tanto de los órganos judiciales como de los cuerpos de jueces, fiscales y equipos técnicos para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra o por niños. Además, el Gobierno se propone que, en 2030, el 90% de los que han denunciado ser víctimas de violencia o han sido agresores hayan sido atendidos de forma gratuita.
De la misma forma, el Gobierno pretende que, en 2025, los ciclos formativos de grado superior, grado y posgrado y de especialización a las profesiones en el ámbito socioeducativo, de la salud, operadores judiciales o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incluyan contenidos de prevención, detección e intervención de los casos de violencia contra la infancia; y que, en 2030, se haya incrementado en un 60% el personal en contacto habitual con la infancia que cuenta con formación especializada en temas de violencia contra los niños.
Por otro lado, sugieren revisar no solo los antecedentes de delitos sexuales sino también de maltrato del personal que vaya a trabajar con niños, así como insertar en las páginas web de los institutos y APP más visitadas por adolescentes y jóvenes, un botón de ayuda ante casos de violencia.
Detección y seguimiento
En cuanto al seguimiento, el Ministerio de Derechos Sociales propone que en 2025 esté elaborado y en funcionamiento el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI); y se marca otras metas como: realizar macroencuestas periódicas sobre la prevalencia de la violencia contra los niños, identificar los factores que aumentan la vulnerabilidad o medir los costes sociales y económicos de la violencia contra los menores en relación con los costes de la prevención y la protección.
De forma paralela, el documento señala que se prestará especial atención al establecimiento o uso, por los servicios sociales de atención primaria, de un sistema de seguimiento y registro de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia en el que consten las notificaciones recibidas.