El prófugo Carles Puigdemont, máximo cabecilla del golpe de Estado separatista de 2017, ha usado las justificaciones de los máximos dirigentes del PSOE y del Gobierno sobre la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición para arremeter contra ERC y acusar al partido de republicano de estar implicado en una operación cuyo objetivo es extraditarle y sentarle en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo.
Patxi López, Salvador Illa, Nadia Calviño y Pedro Sánchez han asegurado en los últimos días que la eliminación del delito de sedición puede contribuir a "la vuelta de Puigdemont" a España en virtud de la supuesta adecuación del Código Penal español a los del resto de Europa. Para Puigdemont, las declaraciones de Sánchez y Calviño prueban las verdaderas intenciones del Gobierno. Y dado que se trata de manifestaciones explícitas sobre su suerte, Puigdemont pregunta a ERC si "¿eso que explica el PSOE en público se comentó también en privado durante la negociación?" o si "¿era consciente la parte catalana de que esas eran las intenciones del Gobierno español con la reforma de la ley?".
El expresidente de la Generalidad abre a continuación dos escenarios. Si ERC fue engañada por el Gobierno, debería retirar el apoyo a la reforma del Código Penal. En cambio, si lo sabía "la situación sería muy grave; no me lo quiero ni imaginar". "En este sentido, el silencio después de tanta euforia es preocupante", añade Puigdemont en su cuenta de Twitter.
Puigdemont asegura también que "después de la comparecencia solemne (se refiere a la de Pere Aragonès, el actual presidente de la Generalidad) y de las invitaciones explícitas a celebrar la reforma del Código Penal, es lógico pensar que esas cuestiones, que no son menores en términos políticos, ya se debían conocer".
El dirigente separatista residente en Bélgica trata de sacar partido de las contradicciones del PSOE y, aún más, de que ERC no haya reaccionado ante las declaraciones de los dirigentes socialistas para tratar de acallar la oposición interna y el escándalo de la reforma del Código Penal para anular la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado. A pesar de que la operación le favorece de manera sustancial –y todavía más si también se reforma el delito de malversación–, el líder de Junts per Catalunya (JxCat) encabeza una revuelta de todo el arco separatista en contra del pacto entre PSOE y ERC por la adenda de los "desórdenes públicos agravados", delito del que aseguran que es una herramienta para agudizar la "represión" contra el independentismo hecha a medida de los "jueces españoles" que atenta contra el derecho de manifestación.
Al respecto, Puigdemont dice que "mientras hablamos de un delito anacrónico –se refiere a la sedición– que afecta a una docena de personas –y que nosotros ya derrotamos en Alemania en 2018– el número de represaliados invisibles va creciendo sin parar. Son personas que se manifestaron para pedir nuestra libertad. ¿Es que lo hemos olvidado?".
La ley del "solo sí es sí" como ejemplo
Tanto el partido de Puigdemont, como la CUP y las entidades Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, censuran el capítulo de los "desórdenes públicos agravados". También están en contra los podemitas catalanes, pues afirman que ese tipo delictivo permite perseguir con más mecanismos legales acciones contra los desahucios o las ocupaciones de instalaciones y edificios públicos.
Las primeras consecuencias de la chapuza de la ley "solo sí es sí" han recrudecido las críticas separatistas al pacto de ERC con el Gobierno. Las rebajas de pena y excarcelaciones de delincuentes sexuales se ponen como ejemplo de los hipotéticos efectos de la eliminación de la sedición en favor de unos "desórdenes públicos agravados".
En ERC están perplejos ante la reacción del resto de facciones y grupos separatistas. Lo que pensaban que sería un golpe de efecto que les daría el liderazgo incontestable en el campo independentista tras la salida de JxCat del Govern, se ha convertido en un bumerán agudizado por los efectos de la ley "solo sí es sí", que los separatistas contrarios a ERC exhiben las excarcelaciones de violadores para descalificar la maniobra de la sedición.
JxCat se recupera de errores como haber salido del gobierno autonómico o de los excesos de su presidenta, Laura Borràs, encausada por corrupción. Puigdemont vuelve a ejercer el liderazgo moral del separatismo frente a Oriol Junqueras, a quien se acusa de haber pactado una reforma del Código Penal pensada para sus intereses y los de los "represaliados" de su partido.
Los "represaliados invisibles"
En cuanto a los "represaliados invisibles" a los que aludía Puigdemont, un estudiante de 19 años de Lérida ha sido juzgado por rociar con un extintor a un grupo de mossos d'esquadra en la toma del aeropuerto de El Prat como protesta por la sentencia del Tribunal Supremo. Condenado a algo menos de cuatro años por dos delitos, no tendrá que cumplir la pena porque carece de antecedentes.
Otro sujeto que lanzó dos cohetes de pirotecnia contra un helicóptero de los Mossos durante una protesta similar en el exterior del parlamento catalán está siendo juzgado en Barcelona. La Generalidad, en representación de la policía autonómica sólo pide dos años de condena. El acusado alega que pensaba que se trataba de un helicóptero de algún medio de comunicación y que él no participaba en ninguna protesta, que vio un "ambiente festivo" y que decidió contribuir a la fiesta con el lanzamiento del material que le había sobrado de la última verbena de San Juan. Los mossos que iban en el helicóptero policial aseguran que los cohetes explotaron a cinco metros del aparato y que estuvieron a punto de caer cuando sobrevolaban la protesta a unos noventa metros de altura.