Pablo Iglesias clama contra el "linchamiento" a Irene Montero y avisa: la ley Trans y la del aborto crearán "tensiones"

El líder espiritual y de facto de Podemos sigue con su cruzada particular a favor de Irene Montero y la conocida como ley del sólo sí es sí. Este lunes tocó el turno en RAC 1, donde Pablo Iglesias colabora habitualmente.

Allí clamó contra la "violencia mediática" que se está ejerciendo contra la ministra. Según él, "primero se dijo que la ley era una chapuza; cuando se vio que no, se dijo que había avisado el CGPJ; cuando se vio que no, se dijo no sé qué de una disposición transitoria; y cuando se vio que no, se dice que es una buena ley pero que ha habido fallos de comunicación".

Fue precisamente el entorno de Yolanda Díaz el que denunció, en declaraciones a Libertad Digital, el "error mayúsculo" que había supuesto la estrategia de Podemos de arremeter contra los jueces tildándolos de "machistas". Es más, algunos cargos cercanos a la vicepresidenta y ministra de Trabajo creen que se debería "depurar responsabilidades por la mala gestión de la crisis" en el equipo de Igualdad y apuntan a la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam.

Contra la agenda de Igualdad

"El objetivo político de la campaña que hemos visto esta semana es evidente, es Irene Montero y el Ministerio de Igualdad", afirmó Iglesias, que añadió que esto no es solamente por "esta ley sino por la agenda que le queda por desarrollar a Irene Montero en esta legislatura, donde está la ley Trans, que generará tensiones con un sector del PSOE que no está dispuesto a sacar adelante lo que aprobó el Consejo de Ministros, y también con la ley del aborto".

Iglesias reconoció que "no es tan fácil revertir una campaña" en contra como ésta pero es que salir a decir que corregirán los fallos que tenga la ley del sólo sí es sí "hubiera implicado titulares, editoriales y tertulias diciendo ‘reconocen que está mal’". Pero, "sobre todo, que es mentira", añadió.

Y se preguntó en la radio catalana: "¿A vosotros no os llama la atención que los medios de la progresía mediática, los medios cercanos al PSOE, ninguno señale al Ministerio de Justicia, que es en última instancia el que da el ok a la ley y el que tiene una capacidad de revisión técnica, y que todos los golpes vayan a Igualdad? ¿Angels Barceló ha dicho algo del Ministerio de Justicia? Cero. Angels Barceló va contra Podemos, contra Irene Montero y contra Pablo Iglesias. Es evidente lo que están haciendo". El objetivo es también, según Iglesias, preparar "el terreno para dar pie a que buena parte de los argumentos tránsfobos vengan después".

"Linchamiento frente a una ley bien hecha"

Iglesias siguió insistiendo también en que "claro que hay machismo en la judicatura". "De hecho, el origen de esta ley es un clamor social que se convirtió en voluntad popular después de la sentencia de La Manada en la que no había voluntad por parte de sus señorías en hablar de violación. Incluso uno de los miembros del tribunal, que sigue ejerciendo con total tranquilidad, apreció jolgorio y diversión en una mujer que había sido violada".

Para el exvicepresidente del Gobierno "hay que empeñarse en decir la verdad. Y ese argumento de que algunos jueces interpretan...¡pues claro!", exclamó. "¿El problema de que haya manifestaciones fascistas es problema de la ley de Memoria Democrática?, ¿ese es el problema?", llegó a comparar. "O sea, ¿cada vez que hay una aplicación por parte de los jueces con una interpretación ultra conservadora el problema es la ley o el problema es la interpretación?".

Iglesias subrayó que, "este caso, lo que ha habido es un linchamiento frente a una ley que estaba bien hecha. Nadie ha sabido poner un argumento encima de la mesa que diga ‘habría que cambiar esta parte por esta otra’". "Y si no que alguien lo diga. ¿Qué parte de la ley habría que cambiar?", preguntó.

Rosell sigue pidiendo no informar

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, continuó su cruzada de presión contra los medios asegurando que son muchas más las sentencias por delitos sexuales que no se están revisando que aquellos "poquísimos casos" que han rebajado la condena al agresor, por lo que pidió evitar el alarmismo mediático.

En rueda de prensa, Rosell pidió responsabilidad a la hora de hablar de las peticiones de reducción de condenas para agresores, como uno de los integrantes de La Manada de Pamplona, "sin conocer que tenga posibilidad de prosperar". "Flaco favor le hacemos a las víctimas si mezclamos casos".

Petición de rebaja de pena a un integrante de La Manada

Este lunes el abogado de los miembros de La Manada, Agustín Martínez, solicitó en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra una solicitud de revisión de condena para Ángel Boza, en aplicación de la nueva norma. Boza, al igual que los otros cuatro integrantes de la Manada, fue condenado por la violación grupal a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016.

El letrado, informó el TSJN, pide una rebaja desde los 15 años a los que fue condenado a 13 años y 9 meses. Se da un plazo de 5 días al fiscal y la acusación particular para que expresen su postura. En el caso de los otros condenados no sería posible pedir la revisión de la pena por acumular más de una condena o sumar veinte años o más.

Excarcelación en Cantabria

Además, la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria dictó este lunes un auto en el que revisa la pena de prisión que en 2018 impuso a un hombre por agresión sexual, que fue de cinco años y ahora pasa a dos años. Así, el auto, el primero que se dicta en Cantabria aplicando la nueva ley, ordena la "inmediata excarcelación del penado", ya que consta que ha cumplido el periodo de prisión correspondiente a la nueva penalidad.

El tribunal explica en su resolución que el hombre que ahora solicita la revisión fue condenado por la comisión de un delito de agresión sexual por la actuación conjunta de dos o más personas y que entonces se le impuso la pena mínima legalmente posible.

La pena prevista en ese momento era de entre cinco y diez años de prisión para esos hechos, pero con la entrada en vigor del nuevo texto el pasado mes de octubre, "se dispone para dicha conducta la pena de prisión de entre dos y ocho años", señala el TSJC. Por tanto, "siguiendo el criterio de la sentencia dictada por esta sala, de aplicar la pena mínima prevista en la ley, procedería sancionar la conducta con una pena de dos años", añade la resolución.

Entre los motivos que expone el tribunal para llevar a cabo la revisión de la pena, se encuentra el hecho de que "con la nueva legalidad la pena de cinco años de prisión (la que entonces se le impuso) no es que suponga el mínimo, es que es el máximo de la mitad inferior de la pena".

Junto a ello, señalan los magistrados que, analizar ahora las circunstancias concretas del caso, esto es, "si ahora cabe considerar algún elemento que justifique el mantenimiento de la pena anterior", "supondría reenjuiciar el caso y hacerlo en contra del reo".

Por otro lado, en alusión a la disposición transitoria de Código Penal de 1995 sobre revisión de las penas en la que algunos órganos judiciales se han basado para mantener las penas, entiende el tribunal que se trata de una disposición específica de aquella ley y que se refería a "las posibles revisiones de condena que se iban a producir en 1995".

"No se considera que esos criterios sean aplicables a una ley aprobada veintisiete años después de aquella", apunta el auto, que recuerda que otras leyes orgánicas que han modificado el Código Penal sí han contenido una disposición transitoria semejante. Finalmente, la Audiencia Provincial de Cantabria entiende que debe aplicarse el principio in dubio pro reo.

"Como criterio subsidiario, si llegásemos a la conclusión de que estamos ante dos interpretaciones de la ley igualmente válidas", en alusión a la que hace la sala y a la que plantean otros órganos al aplicar la disposición transitoria de 1995, "deberíamos optar por la interpretación más favorable al reo".

Pam: "Es un cambio de esquema"

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, destacó en la misma rueda de prensa de Victoria Rosell que "la mejor pena es la que se aplica" y por eso con la ley del solo sí es sí aumentan los comportamientos que merecen ser castigados. "Siempre hemos dicho que parte del problema es que los jueces tienen pocas herramientas para decidir qué comportamientos eran punibles".

"Es un cambio en el esquema. Probar el consentimiento sexual es mas importante que probar la existencia de violencia o intimidación", un cambio de paradigma que -dijo- deviene de un mandato del Convenio de Estambul.

Insistió, "con humildad", en la necesidad de una adecuada formación de los operadores judiciales porque "para aplicar este nuevo modelo en el Código Penal se requiere de una especialización diferente, del mismo modo que un cardiólogo no atendería una medicina que tiene que ver con el pulmón". "No es nada negativo, es una obviedad".