Ha pasado poco más de un mes de la ruptura de las negociaciones entre PSOE-PP para renovar el Poder Judicial pero todavía resuenan los ecos de las advertencias lanzadas por ERC a Pedro Sánchez para que el nuevo panorama judicial no fuera "hostil" a la Generalidad, tal y como informó El Mundo. Que no fuera hostil significaba entonces -y ahora- que al Gobierno no se le ocurriera flojear en su posición consentidora ante las amenazas del separatismo a los centros para desobedecer la sentencia del 25% de español.
El asunto de la lengua es la gran obsesión de ERC de cara a la renovación del TC porque serán sus nuevos miembros quienes tengan que resolver sobre la legalidad del decreto improvisado por Pere Aragonès que elimina la obligatoriedad de impartir el porcentaje mínimo del 25% de español en todo el sistema educativo. Y se da la circunstancia de que uno de los nombres designados por el Gobierno para el nuevo Tribunal es una catedrática partidaria de burlar la sentencia del TSJC.
Junto al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el Consejo de Ministros también ha aprobado este martes el nombramiento para el Tribunal Constitucional de la catalana Laura Díez Bueso, hasta hace unos meses, directora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños y con una larga trayectoria, sin embargo menos conocida, vinculada a la Generalidad.
Catedrática de Derecho Constitucional, la incursión de Díez Bueso en el Ejecutivo catalán comienza en el año 2002. Siendo todavía presidente, Jordi Pujol es nombrada asesora del Gobierno autonómico para la reforma del Estatuto de Cataluña. Las labores de asesora de Díez se extendieron hasta 2004 coincidiendo con los primeros meses del gobierno tripartito de Pasqual Maragall. Ese mismo año, pasó a ser adjunta al Defensor del Pueblo de Cataluña hasta 2010.
El cambio de escenario de la Generalidad a Moncloa llega como consecuencia de la moción de censura de junio de 2018. Pedro Sánchez la nombra directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, entonces José Antonio Montilla Martos. Puesto que ocupa hasta 2020 cuando pasa a ser directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias
El regreso a Cataluña se produce tan solo unas semanas después de cesar de su cargo junto a Bolaños. El PSC propone su nombre como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad aprovechando la renovación de otros organismos como la Sindicatura de Cuentas o la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. La designación de Díez sale adelante gracias al acuerdo con ERC y Junts para ser nombrada por el Parlamento de Cataluña en febrero de 2022.
Una de sus decisiones más polémicas llega el 7 de junio de 2022 ya como vicepresidenta del órgano consultivo de la Generalidad. Laura Díez forma parte de los miembros del Consejo de Garantías que firman el informe a favor de la ley del catalán que separatistas, PSC y comunes diseñaron para burlar la sentencia del 25% de español en las aulas. Una "buena noticia", como lo calificaron en la Generalidad.
Fueron Vox, PP y Ciudadanos los grupos que recurrieron al órgano consultivo de la Generalidad para tratar de frenar la votación del texto. Sin embargo, el Consejo de Garantías Estatutarias avaló por unanimidad una ley que fulmina los porcentajes de español en las aulas y deja en manos de los centros la decisión de obedecer la sentencia del TSJC ratificada por el Tribunal Supremo.
Las decisiones de este órgano consultivo han estado envueltas en polémica en multitud de ocasiones. En julio de 2019, el Consejo de Garantías Estatutarias también avaló el fondo de rescate de 10 millones de euros para proteger con dinero público a varios dirigentes separatistas frente al Tribunal de Cuentas. Tras este informe, el PSC se sumó a la maniobra del independentismo.