El nombramiento de Juan Carlos Campo como magistrado del Tribunal Constitucional viene a poner de manifiesto la predilección de este Gobierno por las puertas giratorias entre la política y la Justicia, convirtiendo el principio de separación de poderes en papel mojado. Doctor en Derecho, Campo siempre ha alternado su carrera como magistrado con diferentes puestos en los Gobiernos del PSOE.
Entre enero de 2020 y julio de 2021 ejerció como ministro de Justicia de Pedro Sánchez, un mandato breve, pero intenso, del que se despidió tras haber concedido el indulto a los golpistas del 1-O. De hecho, fue él el que defendió la medida de gracia a la que se oponían tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo, instando a los ciudadanos a ver la decisión con "naturalidad" y "no asustarse" ante ellos.
La polémica originada dio lugar a su destitución y su vuelta a la Audiencia Nacional, donde antes de ser ministro había logrado una plaza en la Sala de lo Penal. Su regreso no estuvo exento de polémica, ya que se trata de un tribunal que continuamente tiene que dirimir asuntos relacionados con la política, en los que se entiende que Campo -estrechamente ligado al PSOE antes incluso de aterrizar en el Gobierno- podría no ser imparcial. De hecho, el magistrado ha tenido que abstenerse en numerosas causas, provocando un retraso adicional en una sección que ya de por sí tiene una gran carga de trabajo.
Un magistrado socialista
El currículum de Campo no deja lugar a dudas ni de su relación con el PSOE ni de sus ideas políticas. Antes de ser ministro, el andaluz ya había sido director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía con Manuel Chaves, vocal del CGPJ a propuesta del PSOE, secretario de Estado de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero y diputado del PSOE por Cádiz. De hecho, en la Cámara Baja fue portavoz de Justicia del Grupo Socialista durante tres legislaturas (2016-2019).
Ahora, Sánchez le premia, situándole como magistrado de Constitucional, sin importarle si para ello ha de saltarse la Carta Magna, que establece que el TC debe renovarse por tercios, es decir, de cuatro en cuatro magistrados, dos de los cuales deben salir del Consejo General del Poder Judicial. Lejos de cumplir dicha cláusula, el Ejecutivo ha decidido no esperar al CGPJ y nombrar por su cuenta al exministro y a Laura Díez, que hasta hace sólo seis meses era directora general en el Ministerio de Presidencia, a las órdenes de Félix Bolaños.
Con su nombramiento, Sánchez avanza en su intención de controlar todas las estructuras judiciales, algo que ya quedó claro cuando decidió situar a otra exministra, Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía General del Estado. Su interés por el Constitucional es más que evidente, ya que se trata de un órgano clave para que algunas decisiones del Gobierno no sean declaradas inconstitucionales. Con la llegada de Juan Carlos Campo y Laura Díez, el presidente se garantiza una mayoría de magistrados afines de a que hasta ahora no disponía.
El micro abierto y el ‘¡Viva el Rey!"
En la hemeroteca, no solo se encuentran sus múltiples declaraciones en defensa del indulto a los golpistas del 1-O. También, un micro abierto que le jugó una mala pasada. Los hechos se remontan a septiembre de 2020 cuando, siendo ministro de Justicia, asistía a una entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona.
Cuando el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dio por levantada la sesión, el vocal del Consejo José Antonio Ballesteros gritó un "¡Viva el Rey!" que fue contestado por varios de los asistentes. Tras levantarse los integrantes de la mesa presidencial, y pensando que todos los micrófonos ya estaban cerrados, Juan Carlos Campo espetó: "Se han pasado tres montañas".
Las palabras de apoyo al monarca no eran baladís, sino que respondían a la ausencia del Rey Felipe VI de un acto al que siempre asistía. Según fuentes del Poder Judicial, el propio Pedro Sánchez le había vetado para contentar a los independentistas en plena negociación de los presupuestos. De ahí, un grito que no venía sino a enfatizar aun más el discurso que previamente había pronunciado el presidente de Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, lamentando que el Gobierno hubiera roto "con una tradición de más de 20 años", que tenía un significado "simbólico y constitucional", en tanto que "la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey".
La "crisis constituyente"
Otro de los episodios más polémicos de su mandato fue cuando habló de una "crisis constituyente", algo que provocó que la oposición reclamara su comparecencia urgente, al entender que estaba avalando un cambio de nuestra Carta Magna. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, advirtió que era "preocupante" que un ministro de Justicia dijera algo así y le preguntó si el Gobierno estaba trabajando en la redacción de una nueva Constitución.
Campo se defendió asegurando que "nunca" había defendido tal cosa y acusó a los populares de incurrir en un "empobrecimiento lamentable de la acción del control del Gobierno". Según su explicación, se refería a la pandemia como un "factor de aceleración" que había servido para "identificar con más claridad" los problemas y las posibilidades de acción del Ejecutivo. "A estos factores de cambio me refería cuando hace unos meses hablé de crisis constituyente, un tipo de crisis que impulsa cambios constructivos y que tenemos que saber interpretar y liderar", se justificó.