En pleno ascenso de la derecha en las encuestas, cuya victoria dan casi todas por segura, el Gobierno extiende sus tentáculos para obstaculizar la labor de oposición, como ya ocurriera durante la pandemia del coronavirus, cuando llegó a cerrarse el Parlamento en una decisión declarada inconstitucional por el TC.
Superado el período de limitación de libertades, el objetivo se centra ahora en minar a PP y Vox en su tarea de marcar al Gobierno, como evidencia el arbitraje que, desde hace tiempo, se aplica en el Congreso y el Senado cuando intervienen los representantes de ambos partidos, o con la negativa de Pedro Sánchez a responder sus preguntas durante la sesión de control, limitándose a tirar de argumentario.
El último ejemplo ha sido la actuación de la presidenta de las Cortes, Meritxel Batet, cuando la ministra Irene Montero acusó al PP de "fomentar la cultura de la violación". Palabras muy gruesas que apenas tuvieron como respuesta una ligera reprimenda de Batet, quien ni siquiera le instó a rectificar o retirar su declaración del Diario de Sesiones, como sí ha hecho en numerosas ocasiones con PP y Vox.
Tres años de hostigamiento impune
Así ocurrió cuando Cayetana Álvarez de Toledo le recordó a Pablo Iglesias el pasado terrorista de su padre. Batet decidió entonces eliminar sus palabras del acta del Congreso, pese a la negativa de la diputada del PP a retirar su acusación. Y así ha vuelto a suceder con la diputada de Vox Patricia Rueda cuando acusó al Gobierno de "favorecer a filoetarras", provocando que el vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis, la expulsara de la tribuna de oradores mientras estaba en el uso de la palabra.
Son sólo algunos ejemplos de la doble vara de medir que se aplica en las instituciones con el Gobierno y sus socios por un lado, y los partidos de la oposición por otro. De Celis ni siquiera reclamó silencio cuando la izquierda aporreó sus escaños, gritó y se quejó durante dos minutos cuando la diputada de Vox Carla Toscano se enfrentó a Irene Montero.
Las constantes acusaciones de "fascistas", "ultraderecha", "extremadrecha", "franquistas", "machistas", "homófobos" o "xenófobos" que la izquierda lanza contra Vox en los Plenos o las comisiones, nunca han sido cortadas por la presidencia de turno, más allá de pedirles "decoro" en alguna ocasión aislada.
El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa, llegó a abandonar el Congreso ante los insultos de Pablo Iglesias contra su partido, sin que se produjera la más mínima reprimenda contra el entonces vicepresidente del Gobierno que, envalentonado por la impunidad de sus actos, llegó a pedirle con ironía que "cerrara la puerta al salir". Un alarde de soberbia similar al exhibido por su expareja cuando defiende la Ley del Sólo sí es sí.
La estrategia se extiende al Senado
Este mismo mes, la senadora de Vox Pepa Millán era llamada tres veces a la cuestión por parte del presidente del Senado, el socialista Ánder Gil, por reprochar al Gobierno sus cesiones a los separatistas a cambio de obtener su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Millán no pudo seguir con su intervención desde la tribuna, como ocurrió con Rueda, aunque al menos permaneció en su escaño.
El Senado también es la nueva cámara fetiche de Pedro Sánchez. Allí ha comparecido en dos ocasiones en los últimos tres meses buscando sendos cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. La estrategia deliberada buscaba tener más tiempo, algo que le permite el reglamento de la Cámara Alta, para extenderse sin límite en el turno inicial y en la réplica, mientras que el líder de la oposición tiene el tiempo más tasado.
Así, el presidente dispuso de 108 minutos frente a los 15 del presidente del PP. Sánchez hizo esta estrategia en septiembre y en octubre, eludiendo así las sesiones de control en la que ambos están más igualados en tiempos.
La oposición desunida
El ninguneo de Sánchez a la oposición para saltarse los controles nunca ha sido disimulado. "Será recordado por asaltar el Congreso e intentar amordazar a la oposición", resumía Santiago Abascal cuando le interpeló en el Congreso horas después de que su diputada fuera expulsada del Congreso.
El líder de Vox empleaba hasta en tres ocasiones el término "filoterroristas" para respaldar la intervención de Patricia Rueda y sin que, esta vez, Batet actuase contra Vox, lo que evidenciaba aún más el comportamiento de Gómez de Celis sólo unas horas antes.
La líder de Cs, Inés Arrimadas, ve clara la estrategia del Gobierno de hostigar a la oposición e intentar arrinconarles, empleando para ello las instituciones. "Es una vergüenza que se quite la palabra por llamar a Bildu filoterroristas pero luego se pueda decir que todos somos fascistas", criticaba quejándose de esa doble vara de medir.
El placaje del Gobierno a la oposición no ha tenido una respuesta coordinada de PP, Vox y Cs, más allá de contadas ocasiones, como sí ocurrió ayer cuando algunos diputados del partido de Feijóo abandonaron el hemiciclo, acompañados por los de Abascal y Arrimadas, en señal de protesta por las acusaciones de Irene Montero.
Vox llevó su queja más allá al abandonar el Congreso cuando Gómez de Celis sustituyó a Batet en la presidencia, en señal de repulsa por su actuación del día anterior.