Uno de los objetivos de la agenda ideológica del ministerio de Ione Belarra es que la Ley de Bienestar Animal se apruebe antes de que acabe el año para que entre en vigor en enero de 2023. Y ya habría una fecha sobre la mes. Según fuentes de las asociaciones afectadas por la ley animalista, se baraja que la votación en el Congreso se produzca el 22 o el 23 de diciembre, es decir, el día del Sorteo de la Lotería de Navidad o la víspera de Nochebuena.
Sin embargo no todo está cantado. La aprobación del proyecto estrella de la Secretaría de Derechos de los Animales, dirigida por Sergio García Torres, está en duda debido a los desacuerdos entre Unidas Podemos, el PSOE y sus socios nacionalistas, especialmente el PNV, que considera que la ley invade sus competencias.
El principal escollo es la enmienda propuesta por el PSOE para excluir de la ley a los perros de caza y otros animales destinados a actividades cinegéticas. Desde Podemos ya han señalado esa es una "línea roja" e incluso Torres llegó a decir que dimitiría y tumbaría su propia ley si los perros de caza quedaban excluidos como pretende el PSOE: "Una ley estatal que excluya a los animales de actividad cinegética no va a salir de nuestro departamento. Antes de eso, yo lo digo públicamente, la ley se tumbaría y yo dimito", señalaba García Torres.
La clave está en la guerra interna entre ambos socios de Gobierno. Por un lado, Unidas Podemos controla la Secretaría de Derechos de los Animales, dependiente del ministerio de Belarra. Y por el otro lado, el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) de Teresa Ribera, dependiente de la cuota socialista, controla todo lo relacionado con los permisos CITES obligatorios para importar, exportar o simplemente tener como mascota a un animal silvestre.
En este sentido, la opinión de MITECO es que las únicas mascotas que deberían estar permitidas son los animales urbanos (perros, gatos y hurones), según ha expresado el jefe del área de Acciones de Conservación, Luis Mariano González. El listado positivo incluido en la ley de Belarra es una exigencia del MITECO para acabar con las mascotas silvestres que hasta ahora son legales.
Por su parte, Unidas Podemos considera que ese listado positivo es una exigencia aceptable que no les acarreará ningún coste electoral. Pero no sucede lo mismo con la ambigua enmienda del PSOE para excluir a los perros de caza, hasta el punto de que podrían tumbar su propia ley.
Reunión sorpresa con los cazadores
La Dirección General de Derechos de los Animales de Sergio García Torres ha convocado una reunión sorpresa este mismo miércoles con los representantes del sector cinegético, que han rechazado acudir a una cita que se les notificó en pleno puente y con apenas 36 horas de antelación y "sin información sobre los asistentes o los temas a tratar, en lo que parece un intento de utilizar al sector con intereses políticos".
En la convocatoria que han recibido entidades como la Real Federación Española de Caza (RFEC), socios de la Oficina Nacional de la Caza (ONC), Fundación Artemisan y Asiccaza, simplemente se menciona que en la reunión se hablará "sobre las conclusiones de un encuentro celebrado el pasado viernes, 2 de diciembre y sobre la que el sector no tiene constancia alguna ni ningún tipo de información sobre los temas tratados", según han denunciado en un comunicado.
El sector considera que "esta reunión llega tarde y carece de cualquier utilidad", y asegura que "no se prestará a limpiar la imagen de lo que ha sido una tramitación oscura y falta de cualquier tipo de rigor de dos normativas que van a afectar a millones de personas y en la que no se ha tenido en cuenta a los afectados".
Los cazadores también consideran que "una vez terminado el plazo de alegaciones y el trámite de presentación de enmiendas, no tiene sentido alguno sentarse a hablar". Aseguran que "la única solución posible pasa por paralizar la ley de Bienestar Animal y la reforma del Código Penal y comenzar su redacción de cero teniendo en cuenta, ahora sí, a todos los actores implicados".
También recuerdan que se han ofrecido a dialogar en numerosas ocasiones, pero ni siquiera se les permitió asistir a la presentación del borrador del proyecto de ley. También denuncian que "se rechazó en reiteradas ocasiones la posibilidad de participar en la tramitación de las normas y solo se abrió el periodo de escucha a expertos y afectados una vez pasado el trámite de presentación de enmiendas, cuando ya no existía posibilidad de modificación o mejora de las normas, en lo que supone una falta de respeto e interés en el consenso inaudita por parte de los promotores de ambos proyectos".