El periódico independiente de Ignacio Escolar, eldiario.es, ese que celebraba su aniversario con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, publicaba este jueves que PSOE y Unidas Podemos presentarán dos enmiendas a la reforma del Código Penal y que una de ellas modificará la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos magistrados al Tribunal Constitucional que le corresponden. A partir de ahora, señalaba la web izquierdista, "bastará con mayoría simple".
Este viernes, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha ocultado esta cacicada mientras presentaba la enmienda de su formación para modificar el Código Penal, y la ha justificado refiriéndose al "bloqueo intolerable por parte de algunos miembros del CGPJ, que se niegan a cumplir con sus obligaciones", y al "PP antisistema", "un PP que no tiene ninguna cultura democrática ni sentido de Estado".
El socialista inició su intervención indicando que "introducimos por primera vez en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito" y que "aquellos cargos públicos que tengan un incremento de patrimonio o que hayan tenido cancelación de sus deudas por encima de los 200.000 euros de lo que son sus ingresos habituales (…) tendrán la obligación de justificar ese incremento patrimonial".
Acto seguido, abordaba el asalto del poder judicial escudándose en la Constitución, que "establece no sólo la fórmula, sino el mandato, de manera imperativa, de renovar los órganos de mandato de los jueces y del TC". López lamentaba que "no hay precedentes de una situación tan grave como la que estamos viviendo en este momento, con la justicia secuestrada" y señalaba al que, en su opinión, es el principal culpable: "Tenemos un PP fuera de toda realidad democrática". Criticaba a Feijóo por incumplir la Constitución porque no le "gusta el Gobierno que han elegido democráticamente los ciudadanos" y añadía: "Esto es inaceptable en democracia. Por eso, ante un PP antisistema, ante un PP que no tiene ninguna cultura democrática ni sentido de Estado, con estas enmiendas queremos garantizar por ley el cumplimiento constitucional".
Responsabilidades "de carácter penal"
De inmediato, López criticaba el "bloqueo intolerable por parte de algunos miembros del CGPJ que se niegan a cumplir con sus obligaciones de nombrar a dos miembros del TC", y exponía el castigo: "Establecemos la obligación de iniciar un procedimiento de designación y un mandato de plazos absolutamente claros para concluirlo. En cinco días a partir de la entrada en vigor de la ley, el CGPJ tiene que abrir el plazo de candidatos y de cargo de candidatas para el TC". Esto tiene "carácter imperativo" y, "si se incumple, tendrán que asumir responsabilidades, incluso, de carácter penal".
El portavoz socialista continuó explicando que "se suprime el trámite de verificación previa, como ya se suprimió en 1985 para el Tribunal Supremo", ya que "no tiene ningún sentido que miembros de ese órgano bloqueen mandatos que corresponden al Gobierno". Así, pretenden "garantizar el cumplimiento de la Constitución Española estableciendo fórmulas de desbloqueo que impidan el secuestro de las instituciones que son de todos y que no pueden estar al servicio de ningún interés particular".
"Los jueces aplican lo que decide el legislativo"
Preguntado por si, ante tamaña jugarreta, el Gobierno teme sanciones de la UE, López ha respondido que "el poder legislativo legisla, que es lo que estamos haciendo", y que "los jueces aplican lo que decide el legislativo". Así, "algunos, dentro de ese otro poder que es el judicial, lo acabarán haciendo". "Me parece que Europa no va a tener nada que decir de esto más que aplaudir, en todo caso", ha añadido.
En cuanto a la reforma del delito de malversación, el portavoz del PSOE ha dicho que analizarán "con detenimiento todas las enmiendas del resto de los grupos", pero que hay dos "líneas rojas": no aceptarán ninguna enmienda "que suponga beneficiar a los condenados por corrupción" porque "todo uso irregular, arbitrario de los fondos públicos, tiene que tener sanción", ni tampoco apoyarán la despenalización de "cualquier uso indebido de los fondos públicos".
López ha concluido diciendo que "abrir el Código Penal no es fácil, no se hace todos los días" y, por enésima, ha recurrido a un estribillo habitual en las filas socialistas: "Una vez que lo hemos hecho, lo aprovechamos para hacer reformas que tenían que ver con directrices europeas".
Lo que dice la enmienda
Tal y como podemos leer en la enmienda socialpodemita, "la propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos", de los dos magistrados del TC cuya designación corresponde al CGPJ "tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior". Si la propuesta no se realiza en el plazo establecido, "quien ostente la presidencia del Consejo, titular, interino, o en funciones, adoptará, el día siguiente al del vencimiento del plazo de los tres meses", un acuerdo de iniciación del procedimiento del nombramiento conforme a lo siguiente:
"En el plazo de cinco días hábiles a contar desde la adopción del referido acuerdo, los vocales del Consejo podrán proponer a la citada presidencia candidatos a magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional. Cada vocal podrá proponer un máximo de un candidato o candidata. Cerrado el plazo de presentación de candidaturas, la persona que ejerza la presidencia, en el plazo de tres días hábiles, tendrá la obligación de convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional. Dicho pleno se celebrará en el plazo máximo de tres días hábiles desde su convocatoria.
Constituido el Pleno, las candidaturas presentadas se someterán a votación de los vocales presentes, sin necesidad de un quorum mínimo y en una votación única. La votación no tendrá carácter secreto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 630 de la presente Ley Orgánica. Cada vocal podrá votar a un solo candidato o candidata, resultando elegidos los dos magistrados o magistradas que hayan obtenido un mayor número de votos. En caso de empate entre varios candidatos, será la persona que ejerza la presidencia, titular, interino o en funciones, quien, en la misma sesión plenaria, dirima el empate, con la finalidad de designar a dos magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional y cumplir con la obligación prevista en el artículo 159.1 de la Constitución.
En atención al carácter imperativo de este procedimiento, si por la acción u omisión de quien ejerza la presidencia, titular, interino o en funciones, o de cualquiera de los vocales, se incumpliera, culposa o dolosamente, lo previsto en los apartados anteriores, se incurrirá en las responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jurídico, incluidas las penales".
Además, se añade una nueva disposición con la que "si en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica ya hubiera transcurrido el plazo de tres meses y un día", el presidente iniciará "el procedimiento previsto en dicho precepto dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica".