Vox ha puesto en marcha toda su maquinaria para intentar frenar lo que consideran un "golpe de Estado perpetrado por Pedro Sánchez". El partido no oculta su profunda preocupación ante las reformas legislativas anunciadas por el Gobierno para terminar de consumar su asalto a las instituciones haciéndose con el control del Tribunal Constitucional.
"Pretenden cambiar el actual sistema democrático por la puerta de atrás", alertan fuentes de la formación de Santiago Abascal que defienden la necesidad de "movilizar" a todas las "instituciones" para frenar al presidente. "El Estado debe defenderse", sostienen en referencia a la batería de medidas que han presentado para intentar poner coto a las ambiciones del Ejecutivo.
Ofensiva parlamentaria
Además de llevar a cabo contactos políticos y con personas de la sociedad civil para recabar el mayor número de apoyos posibles a una moción de censura con un candidato "neutral", el partido ha iniciado una ofensiva parlamentaria para intentar frenar a Sánchez desde las propias instituciones. Han registrado una petición para que la Mesa del Congreso rechace las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos a la reforma del Código Penal que les permite nombrar magistrados del Tribunal de garantías sin control alguno.
En previsión de que la solicitud sea rechazada por la mayoría de PSOE y Podemos, el partido reclama a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, que requiera informes sobre la reforma al CGPJ y al TC por considerar que se han vulnerado los derechos de todos los diputados en el proceso de nombramientos ya que la Constitución exige que sean elegidos por las Cortes, no por los partidos.
Por último, dentro de la batería de medidas parlamentarias, piden a la Mesa del Congreso que solicite el dictamen del Consejo de Estado, del informe de la Abogacía del Estado, del ministerio de Justicia y del secretario general y los letrados de las Cortes sobre las enmiendas presentadas, como deberían haber hecho si la reforma se hubiera aprobado en Consejo de Ministros, en lugar de hacerlo directamente en el Congreso, por la vía de urgencia, para acortar los plazos de tramitación y eludir los controles institucionales.
"Exigimos que las instituciones se defiendan y pongan por escrito si están a favor de la Constitución o no", defendió ayer en rueda de prensa el vicepresidente Jorge Buxadé. De esta forma, los responsables de que acabe consumándose la reforma del Gobierno podrían ser también señalados con nombres y apellidos para futuras acciones judiciales que no descartan desde Vox.
En el partido comparan la actual situación con la del golpe de Estado de Cataluña del 2017 cuando los letrados del Parlamento catalán rechazaron apoyar la actuación de los golpistas y alertaron a la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, de la ilegalidad que iban a cometer con las llamadas "leyes de desconexión". La presión para avalar personalmente actuaciones ilegales forzaría a que todos se retraten y puedan marcar distancias con el Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que denunciarían con su negativa la actuación del Ejecutivo.
Recurso a los tribunales de justicia
Una vez quede agotada la vía parlamentaria, el partido recurrirá a los tribunales para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo por lo que consideran una vulneración de la ley por parte del Gobierno, además de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que, según entienden, atenta contra la Carta Magna.
Estas iniciativas se suman a las protestas que están llevando a cabo en la calle, como la que tuvo lugar el mes pasado en la plaza de Colón, para manifestarse contra el Gobierno, o la que se celebró en Pamplona el pasado fin de semana, en contra de la salida de la Guardia Civil de Navarra.
"Hay que hacer todo lo posible, no podemos quedarnos parados, los españoles nos transmiten que están muy preocupados y nos preguntan cómo vamos a pararle", defienden desde Vox ante quienes consideran inútil presentar una moción de censura contra Sánchez por carecer de votos suficientes para que prospere.
La batalla de la oposición
Santiago Abascal rechazó en rueda de prensa ese argumento al asegurar que, según esa premisa, sería también inútil presentar cualquier iniciativa parlamentaria por parte de la oposición ya que no tienen mayoría para que puedan ser aprobadas, al igual que pedir que se convoquen elecciones o protestar en la calle.
"Según esa argumentación, vayámonos a nuestras casas" dijo con ironía el líder de Vox para defender la utilidad de una moción con la que esperan poder retratar a todos los diputados, sin descartar incluso que pueda prosperar. "Vamos a ver si dan los números", defendió.
Ningún grupo ha confirmado todavía públicamente su apoyo a la moción de censura, aunque la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha pedido al PP que la presente. La adhesión de otros partidos a esta iniciativa ejercería más presión sobre Feijóo para liderar la propuesta o, al menos, para apoyarla, ya que no se trataría sólo de una medida promovida por su adversario político.
Si Vox, Cs, Foro Asturias, los expulsados de UPN o diputados independientes apoyan la moción, aunque no sumen una mayoría suficiente para prosperar, la foto parlamentaria sería muy distinta a la que se tomó hace dos años cuando sólo los 52 diputados del partido de Abascal la secundaron. Sánchez podría quedarse solo con sus socios habituales de gobierno, como acostumbra a hacer con la aprobación de sus leyes.
Otro de los objetivos que persigue Vox es dar la voz de alarma a nivel internacional, especialmente denunciar lo ocurrido ante la UE para que actúe y se retrate después de haber tomado medidas contra Polonia y Hungría por decisiones menos graves que las adoptadas por el Gobierno de España.