La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, se ha convertido en una gran piedra en el zapato con el que Pedro Sánchez aplasta instituciones. Jucil se ha opuesto a la salida de la Guardia Civil de Navarra; se ha opuesto a la eliminación del delito de sedición; se ha opuesto a las rebajas de las penas de delitos tan graves como la malversación; se ha opuesto a los cupos feministas en la Guardia Civil; y no ha dejado de criticar la falta de una equiparación real del salario y pensión de los guardias civiles con las pagas a los Mossos. Y, para colmo del presidente del Gobierno, Jucil ha decidido mostrar en las calles su seguimiento adhiriéndose a manifestaciones y movilizaciones para exigir el respeto constitucional en España y reclamar un trato digno para los guardias. Y eso ha sido imperdonable para Sánchez. Hasta el punto de que ha decidido empezar a actuar contra ellos, igual que actuó contra la cúpula de la Guardia Civil en el caso del coronel Pérez de los Cobos, que se negó a romper el secreto judicial en el caso del 8M y la covid.
La trampa ha sido encargada por Pedro Sánchez. Y la ha materializado su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y consiste en toda una campaña de ataque en redes y descrédito mediático en base a un viejo y clásico asunto.
La Guardia Civil no siempre ha tenido reconocido su derecho de asociación. De hecho, a principios de los noventa y cuando gobernaba el PSOE con Felipe González, un grupo de guardias civiles fue sancionado y apartado de las labores del cuerpo por lanzar las asociaciones de la Guardia Civil. La Justicia dio años más tarde la razón a esos guardias y reconoció el derecho de asociación. Pero nunca indemnizó ni restituyó a los guardias injustamente sancionados y separados del servicio.
Ese asunto ha sido reivindicado históricamente por las distintas asociaciones de Guardia Civil y por Jucil desde su nacimiento. Hasta el punto de que Jucil ha reclamado formalmente la indemnización correspondiente y readmisión de ese grupo de guardias injustamente privados de sus derechos.
El documento de Jucil que solicitaba el resarcimiento de aquella injusticia señalaba, de hecho, que "en 1988 varios miembros de la Guardia Civil solicitaron el registro de una asociación cultural y deportiva, Unión Democrática de la Guardia Civil, siendo varios de ellos detenidos, privados de libertad y posteriormente sancionados con la separación del servicio. Sin embargo, la mencionada asociación (fue declarada legal mediante Sentencia 291/1993 (recurso 871/1990) del Tribunal Constitucional. Pero nunca se procedió a dejar sin efecto las sanciones impuestas".
Los distintos Gobiernos se han negado a restituir los derechos de aquellos guardias hasta ahora. Y, en ese contexto, llegamos al momento actual.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado los trámites de su futura Ley de Personal, una norma que lleva dentro los cupos feministas para que entren en el cuerpo y asciendan más mujeres por orden política, aunque su nota sea inferior a la de aspirantes hombres.
Jucil se opone a esos cupos. Y el Gobierno ha llevado este jueves esa norma al Consejo de la Guardia Civil, donde se encuentran representadas las asociaciones profesionales de los guardias. Pero, el pasado martes a las 18:00 horas, el Ministerio del Interior comunicó una enmienda adicional: nada menos que la ansiada restitución de los guardias civiles expulsados en los 90 injustamente por lanzar la primera asociación.
Y resulta que la votación en el Consejo de la Guardia Civil es en bloque y por lectura única: es decir, no se puede votar a unos artículos que sí y a otros que no. Se acepta todo o se rechaza todo.
Traducido: Jucil, al rechazar los cupos feministas por votar no a la norma, aparentemente ha rechazado la restitución de los guardias civiles sancionados injustamente, cuando lo cierto es que desde que nació esta asociación ha peleado por la restitución de sus derechos.
Pero eso, a ojos de Marlaska es lo de menos: porque ha diseñado toda una campaña mediática para dar visibilidad a la recuperación de los guardias afectados destacando que Jucil ha votado en contra. Con un fin: conseguir vaciarles de afiliados y llevárselos a asociaciones más cómodas para el Gobierno.
Toda una farsa diseñada para atacar a Jucil. Porque la prioridad, ahora, es eliminar el peso y fuerza de quienes han secundado movilizaciones en defensa de la Guardia Civil, la Constitución, la unidad de España y el mantenimiento de delitos como la sedición o las penas de la malversación.