La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, aplaude la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la tramitación en el Senado de las enmiendas con las que el Gobierno pretendía modificar el sistema de elección de los magistrados y rechaza las críticas vertidas por el Ejecutivo, así como por los presidentes —socialistas— del Congreso y el Senado.
"Yo creo que nadie ha amordazado al Parlamento, lo que creo es que el Parlamento tiene que hacer la modificación que pretende a través del cauce legal, porque, al igual que el resto de los poderes del Estado, está sujeto a la Constitución", defiende la magistrada, que insiste en que "el Legislativo es soberano, pero la soberanía debe ejercerse de acuerdo con la Constitución y es evidente que el máximo intérprete de la misma es el Tribunal Constitucional".
Tal y como recuerda la presidenta de la APM, dado que lo que se pretende modificar -el sistema de elección de los jueces- es algo que forma parte de una ley orgánica, debería haberse tramitado a través de un proyecto de ley independiente y no a través de enmiendas a otra ley -la que elimina la sedición- "que nada tiene que ver con esta reforma". Al hacerlo por esta última vía, el Gobierno no solo cercena el debate parlamentario, sino que, además, se ahorra los informes preceptivos del CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, organismos que ya se han manifestado en contra de otras polémicas leyes aprobadas en esta legislatura y cuyos argumentos se han obviado cuando no ocultado a la opinión pública.
Preservar un derecho fundamental
"Cuando hablamos de la reforma de leyes fundamentales, porque afectan a instituciones fundamentales del Estado de Derecho, parece que lo razonable es que se tengan todos los informes técnicos, aunque luego se haya visto con la ley del sólo sí es sí que les hacemos caso omiso, pero lo que no se puede es privar al Parlamento de un debate al que tienen derecho los representantes políticos que, no olvidemos, son los que nos representan a todos", defiende la magistrada.
A su juicio, la decisión del TC tiene todo el sentido por cuanto acoge "una medida cautelar para proteger precisamente el derecho fundamental de los parlamentarios a ejercer su representación y trata de evitar un daño inminente, ya que, si se tramita toda la ley, el recurso carecería de sentido" en la medida en que ya no se podría subsanar de ninguna manera la ausencia de debate que reclama el PP. De ahí, precisamente, la rapidez de los magistrados a la hora de pronunciarse: "Lo que es obvio es que una medida cautelar debe resolverse con carácter urgente, porque si no, pierde su razón de ser".
En este sentido, Del Barco asegura que "deberíamos estar contentos de que se vele porque las leyes se tramiten por el cauce correspondiente, porque es el cauce más democrático y el que da la posibilidad a todos los parlamentarios de debatir sin prejuicio del resultado que vaya a tener luego la votación". No en vano, la presidenta de la APM subraya que "todos sabemos que con la mayoría que tiene el Gobierno lógicamente esa reforma saldrá adelante". Sin embargo, insiste en que "lo que tiene que hacer es presentarla por la vía que formalmente corresponde y no por la puerta de atrás".
Lo que hizo el PSOE con el PP
Al hilo de esta consideración, la magistrada recuerda que "hasta el propio cuerpo de letrados del Congreso de los Diputados alertó de que se estaba haciendo una tramitación que no correspondía y que era ‘antijurídica’, porque se había metido la reforma en unas enmiendas que no tenían nada que ver con el contenido de la proposición de ley que se estaba debatiendo", una maniobra que, además, ya ha sido rechazada en otras ocasiones por el propio Tribunal Constitucional. "Estando el Partido Popular en el Gobierno y el PSOE en la oposición, con ocasión de la regulación de la Ley de Arbitraje, el PP hizo lo mismo: introducir por la vía de enmiendas asuntos diferentes a los que eran objetos de la ley. Se presentó un recurso y, en el año 2011, el TC estimó que procedía el amparo", recuerda.
En este caso, no se adoptaron medidas cautelares porque no se solicitaron, pero, según Del Barco, es algo habitual y totalmente lógico como, de hecho, se hizo ante el golpe de Estado de Cataluña. "En el año 2017 vimos más de una vez y más de dos cómo el propio PSC, como no podía ser de otro modo, instó al Tribunal Constitucional a suspender la actuación del Parlament porque se estaban traspasando todos los límites y, de hecho, el propio TC acordó la suspensión, por ejemplo, de la ley de Transitoriedad hacia la independencia. Por lo tanto, ese trámite ya ha sido utilizado por el PSOE en otras ocasiones y, además, insisto, es que es un derecho de los parlamentarios".
Con todo, Del Barco zanja el debate insistiendo en que "todos los poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— estamos sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y eso es lo que hace que España sea un Estado democrático". Y concluye: "Lo que es bueno para un Estado es que se cumpla la legalidad constitucional. Creo que eso es a lo que deberíamos aspirar todos los ciudadanos y más los que tienen responsabilidades políticas".