El Gobierno ya tiene un nuevo objetivo sobre la mesa sin haber consumado todavía su asalto al Tribunal Constitucional: controlar también el Consejo General del Poder Judicial al margen del PP. La negativa de Alberto Núñez Feijóo a pactar un acuerdo en plena cesión de Pedro Sánchez a los separatistas, ha dado la excusa perfecta al Ejecutivo para mover ficha y tomar el órgano de gobierno de los jueces, en su segundo intento después del freno de Bruselas.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ya apunta en esa dirección y amenaza con modificar también la mayoría para elegir la composición del CGPJ. "No podemos permitir que se acabe la Legislatura con el CGPJ sin renovar", aseguraba en los pasillos del Congreso, al tiempo que amenazaba con que "la mayoría democrática del Parlamento tome cartas en el asunto".
Echenique defendía que la Proposición de Ley del PSOE para cambiar las mayorías del TC "es necesaria" pero insuficiente ya que "hay que trabajar al mismo tiempo" en el cambio de elección del órgano de poder de los jueces, verdadero objetivo del Gobierno para asaltar definitivamente la Justicia, como demostró hace más de un año cuando sólo la advertencia de la UE paró sus aspiraciones en ese sentido.
ERC quiere estar en el reparto
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, lleva días amenazando con "implicarse" en los nombramientos para la composición del CGPJ. "Insto a este Gobierno a que aproveche la oportunidad que tenemos, con las mayorías que tenemos, a cambiar en profundidad el poder judicial", defendía.
Para justificar sus intenciones de participar en el reparto de la tarta, Rufián aseguraba que el cambio debe partir "dese la base" para incorporar a la carrera judicial a personas de todos los "estamentos sociales", criticando que haya quien no puede permitirse opositar durante cinco años por falta de recursos económicos. "Yo mismo, si hubiera querido ser juez, no me lo habría podido permitir y la pregunta es por qué", decía en declaraciones a los medios en el Congreso.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, se sacudía toda la responsabilidad del conflicto con el Tribunal Constitucional asegurando que "no se habría llegado hasta aquí" de no ser por la negativa del PP a pactar la renovación del CGPJ. Visiblemente indignada, Llop aseguraba que "si se hubiera renovado a tiempo el CGPJ no tendríamos que haber hecho estas leyes para resolver esta situación patológica", acusando al PP de ser "desleal".
El Gobierno sigue sin registrar todavía la Proposición de Ley, que pretende tramitar por la vía de urgencia, para cambiar las mayorías del TC, a la espera de que el tribunal de garantías publique su auto sobre las enmiendas tumbadas que le afectaban directamente. Las intenciones son estudiarlo en detalle para evitar un nuevo choque que pueda tumbar la nueva norma que esperan debatir en el mes de enero pese a que no es hábil en el Congreso.