Vox ha cogido la bandera de la defensa de los derechos fundamentales en Bolivia. El diputado Víctor González se ha desplazado ya al país, después de que los herederos de Evo Morales hayan detenido ilegalmente y sin las más mínimas garantías judiciales al opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La formación de Santiago Abascal reclama, además, a Pedro Sánchez que defienda los derechos humanos en un país gobernado en estos momentos por uno de los referentes de Podemos.
Vox ha registrado ya su exigencia en el Congreso de los Diputados. Allí señala que la "situación política en Bolivia ha experimentado una importante deriva totalitaria en los últimos anos. El fraude electoral producido en 2019 provocó, junto con un ingente número de escándalos políticos, la renuncia del presidente Evo Morales". Tras la referida dimisión, "la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Dña. Jeanine Áñez, miembro de la oposición, tomó posesión del cargo en un proceso avalado por el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano, con el compromiso de convocar elecciones generales", destaca Vox.
Pero, de aquellos tiempos a los actuales, ha cambiado mucho el panorama político: "Pese a la labor desarrollada en la presidencia de la Sra. Áñez en la protección del sistema democrático del país, ésta fue detenida y condenada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración en un proceso judicial plagado de irregularidades e instigado desde sector político favorable a Evo Morales, como este mismo reconoció en una entrevista". Es más, "desde el comienzo del proceso de persecución a la oposición política, culminado en la detención y condena de la Sra. Áñez, las actuaciones totalitarias por parte del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia no han dejado de sucederse, una vez instalado Luis Arce Catacora en la Presidencia del Estado Plurinacional", señala Vox".
La revisión del censo actual, prevista para el año 2022- cuestión a la que se comprometió el presidente Arce-, fue postergada el ano 2024, impidiendo así otorgar mayor representación al departamento de Santa Cruz, motor económico de Bolivia"; "el Ejecutivo boliviano movilizó a sus grupos afines -venidos de otras regiones del país- para tratar de doblegar la voluntad de la sociedad civil cruceta a través de la coacción y el uso de la fuerza"; se ha producido un "asedio al departamento de Santa Cruz, instigado y promovido por el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), prueba palmaria de la animadversión que siente el Ejecutivo de Luis Arce hacia cualquier tipo de oposición política"; y, ahora, "en línea con las actuaciones que -al margen de la legalidad- viene perpetrando el Gobierno de Bolivia, se ha producido la detención de D. Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, mediante una actuación policial del todo irregular, y en unas condiciones que atentan de forma flagrante contra los derechos de los nacionales del citado país, y contra el principio de separación de poderes", concluye el partido de Santiago Abascal.
Por todo ello, Vox reclama que el Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía nacional, rechace "la violencia y la persecución política que sistemáticamente lleva a cabo el Gobierno de Bolivia contra sus adversarios políticos" y que exprese "su solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia y conmine al Gobierno de este país a cumplir con los deberes de protección de sus nacionales y respeto de las reglas democráticas, abandonando la utilización de los mecanismos coactivos del Estado para cercenar injustificadamente los derechos de los bolivianos".
Además, Vox reclama que el Gobierno de Pedro Sánchez asuma, "en consonancia con el papel histórico de España y con los especiales vínculos que nos unen con las naciones hermanas de Hispanoamérica, la condición de vanguardia en la defensa de los derechos de todos los bolivianos en el concierto internacional. En particular, el Presidente del Gobierno, a quien corresponde constitucionalmente la direccion de la política exterior, debe ejercer con toda decisión este liderazgo mundial de España en la protección de los derechos de la oposición boliviana". Vox reclama del Gobierno -dentro del que se encuentra Podemos, amigo del partido de Evo Morales- que "denuncie con toda energía en la comunidad internacional los atropellos perpetrados por las autoridades bolivianas contra sus ciudadanos y contra el Estado de Derecho" y que "urja a la comunidad internacional a permanecer vigilante y a prestar especial atención a la protección del pueblo boliviano".