El Gobierno ya ha conseguido uno de sus primeros objetivos en el Tribunal Constitucional: poner a sus dos magistrados, Campo y Díez, y desterrar a Trevijano y Narváez. El verbo "bloquear", que durante semanas estuvo en las bocas de los ministros, ha quedado desterrado y sólo se usa para hablar del CGPJ. Sin embargo, permanece un asiento en el TC sin cubrir. Se trata de la plaza que dejó el conservado Alfredo Montoya Melgar, que renunció este pasado verano tras sufrir un ictus.
Con la entrada de Laura Díez , Juan Carlos Campo y María Luisa Segoviano, los progresistas cuentan con siete asientos frente a los cuatro de los conservadores. La no renovación de Montoya permite esta brecha de tres magistrados, cuando debería ser de apenas dos: un siete frente a cinco. El Gobierno no se plantea renovar a este magistrado, que es de la cuota del Senado. Entró en 2017 y tiene un mandato hasta 2026.
Engatusar al PP
La plaza de Montoya es una de las "cartas" que La Moncloa se guarda para tratar de engatusar al PP para renovar el CGPJ. Mientras los populares no lo hagan, la plaza se mantendrá vacía, esperando un sucesor. La otra estrategia pasa por no cerrarse del todo a un posible cambio de la ley, en línea con lo pide Alberto Núñez Feijóo que ha registrado una proposición de ley para cambiar el Gobierno de los jueces.
"En democracia se puede hablar de todo", afirmaba la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. "Pero para empezar hablar, tenemos que respetar las reglas del juego", añadía. Es decir: primero la renovación actual, con los políticos eligiendo a los jueces, y luego el cambio en la ley.
Sin embargo, su ofrecimiento no resultaba del todo sincero. En otra intervención, durante este miércoles, afirmaba que "de esto ya hemos hablado hasta en dos ocasiones" y que el Congreso ya había rechazado un par de proposiciones similares. "Hay que respetar a las mayorías", deslizaba sin que éstas hayan cambiado. La ministra insistía en acusar al PP de poner "excusas" y "rebobinar" en ellas.
Lo que propone el PP
La proposición de ley del PP, que ha adelantado El Mundo, se trata de reducir las cuotas de los magistrados que son elegidos por los partidos políticos. Si entra en vigor, doce vocales del CGPJ serán elegidos por los propios magistrados, basándose en requisitos de antigüedad y currículum.
Con esta reforma, se volvería a la Ley Orgánica del Poder Judicial que regía hasta 1985, cuando Felipe González la modificó para dar más poder a los políticos que desde momento se reparten los vocales.