Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han destinado un apartado de sus informes sobre el caso Azud a señalar un segundo y potente foco de presunta corrupción del PSOE: el caso ACUAMED. Se trata de un caso que se encuentra desde hace años en la Audiencia Nacional y que suma nada menos que otros 14 millones de euros.
La UCO subraya en sus investigaciones que "el punto de partida del presente escrito se encuentra en el Informe 2021- 5605-59, emitido por esta Unidad el pasado 27.04.2021. Más concretamente en su Epígrafe 8.7, en el que se aborda el desarrollo del Programa de Actuación Integrada (en lo sucesivo PAI) "El Espartal" en la localidad de Jijona (Alicante), así como los elementos que apuntan a que, en el marco del mismo y por parte del Grupo Axis, se habrían abonado una serie de comisiones de naturaleza ilícita".
Grupo Axis es una de las sociedades sobre las que ha centrado la Guardia Civil sus investigaciones por el protagonismo en el tránsito de los pagos. La Benemérita explica, de este modo, que "la pretensión del Grupo Axis era la de desarrollar una amplia zona de terreno que, partiendo de una serie de parcelas clasificadas como no urbanizables o calificadas como de uso industrial y mediando una reclasificación o recalificación de las mismas, permitiera la construcción de viviendas, un campo de golf o una zona destinada a uso industrial; entre otras. En definitiva y sin ánimo de ser exhaustivos, pretendía promover la reclasificación de una serie de parcelas que, a través de este PAI, pasasen a permitir su urbanización".
La Guardia Civil añade que "la tramitación de este PAI, cuyos inicios se fechan en noviembre del año 2004 con la firma de un convenio entre las mercantiles Construcciones Valencia Constitución (perteneciente al Grupo Axis) y Valent SA, tuvo lugar el 22.11.2004". Y que en "el desarrollo del PAI "El Espartal", concretamente el 27.01.2005, se produjo una reunión a la que asistieron varios miembros del Grupo Axis entre los que se encontraba Jaime Febrer, en la que ya se abordó el "grave problema de agua" que existía en relación a esta actuación urbanística". Y en ese punto es donde surge la conexión con ACUAMED, empresa pública controlada por la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presidenta nacional actual del PSOE, vicepresidenta primera del Senado en estos momentos y apoyo indiscutible de José Luis Rodríguez Zapatero durante todo su mandato presidencial.
La Guardia Civil aclara en su investigación que "sobre la base de esta problemática y dadas las necesidades derivadas del desarrollo urbanístico pretendido por el Grupo Axis (que contemplaba entre otras cuestiones la construcción de más de 5.000 viviendas y de un campo de golf), por parte de este grupo empresarial se comienzan a desarrollar varias líneas de resolución de la cuestión de la escasez de recursos hídricos". Y "es en este contexto donde surge una nueva línea para resolver la problemática, a través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA": ACUAMED.
La investigación de la UCO subraya que "la opción que finalmente se llevó a término y que permitió salvar la problemática de los recursos hídricos que presentaba el PAI "El Espartal" fue la de la firma de un convenio entre ACUAMED y el Ayuntamiento de Jijona, con el objeto de proceder a la ampliación de la desaladora construida en Muchamiel-Campello que permitiera abastecer al municipio de Jijona". Una opción "económicamente ventajosa para el Grupo Axis (los costes de ampliación de la desaladora y canalización del agua eran asumidos por la Administración Pública) y, además, solventaba los inconvenientes en la tramitación administrativa que planteaban el resto de opciones". Y en la consecución de la firma de este convenio "habría tenido un papel fundamental José Luis Vera Llorens, toda vez que, en base a las evidencias recopiladas, en connivencia con el Director de Relaciones Institucionales de ACUAMED –Joan Navarro Martínez-, habría propiciado la firma de este convenio entre la mercantil pública y el Ayuntamiento, el cual posibilitó la continuación de la tramitación administrativa de ese PAI, que hasta ese momento se encontraba paralizada por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos de la actuación". Y el papel de Vera "habría sido el de materializar, viabilizar o posibilitar este tipo de prácticas por parte del Grupo Axis en aquellas Administraciones Públicas al frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro de este partido político".
El premio llegó, además, para Vera, según la Guardia Civil: "Como contraprestación a esta actividad, José Luis Vera habría percibido importantes sumas económicas, que habría destinado tanto a su beneficio personal como, atendiendo a los elementos que se expondrán a lo largo del presente escrito, a este partido político".
Hay que recordar que el caso Acuamed apunta hacia escándalo de presunta financiación ilegal del PSOE nacional a través de esta empresa pública durante los años 2007 y 2008. Y las cifras barajadas se elevan hasta, al menos a 7,45 millones de euros en 2007 y un total de 13,96 millones entre ese año y 2009, cuantías que habrían servido para financiar al PSOE en las elecciones generales de 2008 y cuyo pago se habría repartido entre esos tres años. El esquema se habría conseguido a través de una red de 47 contratos firmados por la empresa pública justo antes de esos comicios generales de marzo de 2008 que dieron el triunfo a José Luis Rodríguez Zapatero. Acuamed era una empresa púbica dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y la responsable de ese departamento en aquel momento era Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE de Pedro Sánchez.