A falta de autocrítica por parte del Ministerio de Igualdad, son las propias asociaciones feministas las que sacan los colores a Irene Montero ante el incremento de asesinatos de mujeres registrado en el último mes. Después de un fin de semana trágico, con tres casos bajo investigación y un crimen cometido por un hombre con antecedentes de maltrato, el Fórum Política Feminista se pregunta "qué están haciendo el Ministerio de Igualdad y la Delegación contra la Violencia de Género" para luchar contra esta lacra y lo más importante: "¿Dónde están los fondos del Pacto de Estado?".
Según denuncia su presidenta, Vicenta Monge, su destino es cuestionable, por lo que exige seguimiento y auditorías para fiscalizar todas las partidas. "Nos consta que ese dinero se está destinando a marketing publicitario, a talleres de catas de chocolate o a pintar bancos públicos, en lugar de a proteger a las victimas de violencia de género, a formación de profesionales o a centros de acogida", lamenta indignada.
En la misma línea, Feministas Al Congreso denuncia también una "pésima gestión de los fondos". A su juicio, "la inacción del Ministerio de Igualdad" es la que está "propiciando esta situación de escalada machista que está costando vidas". Por eso, reclaman al Gobierno que deje de lamentarse y que, además de asumir los errores, aporte soluciones. "No pueden permitirse la impotencia" siendo ellos los responsables de acabar con esta situación, subrayan.
"Menos demagogia y más medios"
Por su parte, la representante del Movimiento Feminista de Madrid, Ana de Blas, ha hecho hincapié en que la casi la mitad de las víctimas mortales de 2022 había denunciado a su agresor, lo que pone de manifiesto un "fallo grave del Estado" en la protección de las víctimas, por lo que llama a "mejorar la evaluación del riesgo y las medidas de protección".
En este sentido, cabe destacar la denuncia que ya hace días hizo el Sindicato Unificado de Policía (SUP), reclamando al Gobierno "menos demagogia y más medios", ya que, tal y como advertían, "las UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer) están mal dimensionadas y desbordas". Precisamente por eso, reprochaban al Ejecutivo que prefiriese "invertir millonadas en campañas publicitarias en lugar de invertir en plantilla policial, formación de agentes, vehículos e instalaciones para estas unidades".