El Gobierno ha olido la sangre y no va a soltar su presa. La Moncloa trata de avivar la polémica con el protocolo anti-abortista de Castilla y León, pese a que no hay un documento escrito e incluso el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que no ha cambiado nada.
La polémica parecía estar enterrada a primera hora de la mañana pero unas declaraciones de Ignacio Garriga han vuelto a resucitarla. "Habrá medidas a pesar de los requerimientos de este Gobierno", ha lamentado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez escudándose en que Mañueco no había sido del todo claro y dando más credibilidad a Vox que al presidente autonómico.
Un requerimiento de Incompetencia
El Gobierno se ha amparado en unas afirmaciones para anunciar algo que ya estaba preparado. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se requiere de incompetencia a la Junta de Castilla y León en cualquier actuación que "vulneren o menoscaben" la Ley del aborto.
"Es un requerimiento de incompetencia porque están extralimitándose en las competencias", ha afirmado Félix Bolaños. En el Gobierno se han amparado en la jurisprudencia del TC para recordar que el aborto es una competencia nacional y que con "la simple sugerencia estarían vulnerando la ley". El Ejecutivo regional tiene ahora un mes para responder. De lo contrario, la Moncloa recurrirá al Tribunal Constitucional, ahora de mayoría izquierdista.
Varios requerimientos
Este es el primer requerimiento que ha enviado el Gobierno. Antes, se optó por la vía contenciosa, según el Ejecutivo, porque "pensaban que iba a entrar en vigor este lunes", pese a que el protocolo sólo se ha anunciado de manera oral. Ni ha llegado a los médicos, ni se ha publicado. "Imagínense ustedes que comparezco aquí para dar un acuerdo del consejo de ministros que luego no ocurriera. Eso es lo que está pasando en Castilla y León", ha afirmado la portavoz Isabel Rodríguez.
Ley del sólo sí es sí
La rapidez con la que el Gobierno ha actuado contra la Junta, para evitar que se aplique el protocolo antiabortista, contrasta con la lentitud a la hora de corregir la ley del "Sí es Sí" pese a que ya 190 los condenados por violación que han visto sus penas rebajadas. A la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, le han preguntado por este disparidad de criterios y ha optado por responder con una nebulosa de contrariedades.
Pese a condenar los "efectos no deseados", la portavoz ha rehusado actuar y se ha escudado en que el Gobierno "está muy atento a las instrucciones que ha dado la Fiscalía General del Estado" y a quienes ahora "han de aplicar la norma o el Tribunal Supremo". Es decir, ha lanzado la pelota a otras instancias para no modificar la ley esperando "una unificación del criterio". Rodríguez ha defendido que esta norma "las mujeres están mejor protegidas".
A por Feijóo
Mientras eluden dar explicaciones por las rebajas a violadores, para no abrir una brecha en su Gobierno, la Moncloa ahonda en la división entre PP y Vox en la Junta de Castilla y León. Unos problemas de los que responsabilizan al presidente de los populares.
"Feijóo no habla porque es cómplice", ha afirmado Rodríguez en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros donde ha denunciado que su "silencio no es casual" y hasta se ha erigido en portavoz de las votantes del centro-derecha. "Es un tema superado hasta de las mujeres que votan al PP", ha añadido sobre el aborto.
Primer "cara a cara" del año.
Ahora, el Gobierno buscará el cara a cara con Feijóo pese a que enero es mes inhábil en el Congreso y el Senado. Aprovechando que el presidente tiene que dar explicaciones sobre último Consejo Europeo y sus medidas económicas, el Gobierno ha registrado en la Cámara Alta su comparecencia antes del día 31.
"Nos gusta mucho debatir, sobre todo en el Senado, porque es una gran oportunidad para que los españoles puedan ver cuál es el proyecto de país que tiene el Gobierno y confrontar con lo que tenemos, a ver si hay alguna otra idea más allá de estar en contra de todo y de intentar derogar todos los avances", ha añadido Bolaños.