Volcada en arremeter contra un protocolo antiaborto que el propio presidente de Castilla y León ha desmentido, Irene Montero ignora a aquellas mujeres que siguen sufriendo las terribles consecuencias de su polémica ley del ‘sólo sí es sí’. Es el caso de Rosa (nombre ficticio), obligada a huir de Zamora tras la excarcelación de su exmarido, el hombre que la violó y que, según ella misma ha denunciado, la había amenazado con matarla nada más salir de prisión. "En cuanto salga, te voy a serrar el cuello", le llegó a decir a través de otro recluso.
A pesar de la gravedad del caso, la ministra de Igualdad no se ha pronunciado en sus redes sociales, como acostumbra a hacer con aquellos temas que considera de relevancia. Tampoco lo ha hecho su número 2, Ángela Rodríguez Pam, la misma que hace tan solo unos días bromeaba con la excarcelación de violadores. Según Okdiario, el Ministerio de Interior sí habría reaccionado poniéndole protección. Sin embargo, ni siquiera su abogada ha podido confirmarlo a este diario, ya que está tan aterrada que Rosa incluso evita tener contacto con ella.
"El asunto es muchísimo más delicado de lo que imagináis, mucho más", lamenta María Isabel Cacho, que prefiere no entrar en detalles para evitar que cualquier intervención suya pueda volverse en contra la víctima. "Ahora mismo no puedo hablar, porque mi prioridad es salvaguardar la integridad física de mi cliente", insiste en declaraciones a Libertad Digital.
Rebaja de pena y excarcelación
Tras la entrada en vigor de la nueva ley, el pasado mes de diciembre, la Audiencia de Zamora no tuvo más remedio que rebajar la pena de su exmarido de seis a cuatro años, lo que supuso su inmediata puesta en libertad. Desde entonces, Rosa vive aterrada y ha optado por esconderse lejos del que fuera su hogar para evitar que la encuentre, ya que, según su entorno, se trata de un hombre "muy violento" que, además, la había amenazado en reiteradas ocasiones. A veces, las advertencias llegaban por otros reclusos, otras llegaban por carta y, en alguna ocasión, incluso llegó a llamarla directamente.
El pasado 27 de diciembre, Cacho colgaba en sus redes sociales un mensaje para el que reclamaba difusión: "Mi querida Rosa, tras la puesta en libertad de su agresor/violador/secuestrador, se ha separado de su familia estas Navidades y se ha escondido porque (obviamente) tiene miedo. Ni yo conozco su destino". Su intención no era otra que concienciar al Gobierno y a las fuerzas de seguridad del peligro que corría.
Ante la pasividad de unos y otros, la propia Rosa acudió el pasado viernes a una comisaría. Sin embargo, no interpuso denuncia alguna por las amenazas, ya que los agentes la disuadieron con argumentos como que aquello había pasado "hace tiempo" y que, tras su puesta en libertad, ni se había encontrado "cara a cara" con su exmarido ni éste le había dicho nada. Ahora ella y su abogada rezan para no tener que lamentar un fatal desenlace.
Lo que decía la sentencia
Según consta en los hechos probados de la sentencia, "el día 1 de Agosto de 2012, cuando se encontraba en el domicilio familiar con su esposa, la víctima, con ánimo libidinoso y con el objetivo de procurarse placer sexual, se acercó y le dijo: ‘Ven aquí hija de la gran puta, desnúdate como tu madre te parió', mientras la agarraba fuertemente de los brazos y la tumbaba en la cama, procediendo a abrirle las piernas y, tras haberse bajado su ropa, la penetró vaginalmente en reiteradas ocasiones hasta que eyaculó, mientras le decía: 'que si lo denunciaba la mataba, que de la cárcel se sale pero del cementerio no'".
Aunque inicialmente se pedían para él 19 años de cárcel, Rosa aceptó retirar las acusaciones de detención ilegal, amenazas, lesiones e injurias a cambio de que él aceptara seis años de prisión por violación, la pena mínima para el delito sin agravantes. Quería acabar con aquella pesadilla cuanto antes y que su exmarido entrara en la cárcel lo antes posible. Lo que jamás imaginó es que el Gobierno aprobaría una ley que le acabaría beneficiando a cientos de violadores, al reducir la pena a 4 años.
A falta de una cifra oficial, se estima que, desde la entrada en vigor de la ley del ‘sólo sí es sí’ a se habrían producido unas 200 rebajas de condena, lo que en en algunos casos -alrededor de una quincena cuanto menos- se habría traducido en la inmediata excarcelación de violadores.