Poco ha tardado en despejarse las intenciones del presidente del Gobierno al colocar a la catedrática catalana, Laura Díez Bueso, como nueva magistrada en el Tribunal Constitucional. Según ha acordado su presidente, Cándido Conde-Pumpido, Díez hasta hace unas semanas ex vicepresidenta de un organismo consultivo de la Generalidad será la responsable de redactar la ponencia sobre los recursos que presentaron los diputados de PP y Ciudadanos contra el Decreto- Ley 6/2022 aprobado por el presidente separatista y que fulmina el 25% de español en las aulas.
La catalana también se hará cargo del recurso del PP contra la denominada ley Celaá que elimina el español como lengua vehicular en la enseñanza y que se aprobó cuando la magistrada ocupaba un cargo en Moncloa, en concreto de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. El presidente del TC ha decidido dar prioridad a este asunto y lo ha agendado para el primer pleno del mes de marzo.
En manos de Laura Díez estarán por lo tanto dos ponencias clave para el separatismo y que marcarán la relación de ERC con el Gobierno en los próximos meses. Una maniobra que a pocos puede sorprender teniendo en cuenta que la magistrada catalana ya dejó claro su posicionamiento respecto al asunto de la lengua el pasado 7 de junio, en calidad de vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña avalando el plan ejecutado por el separatismo para desobedecer la sentencia del TSJC que obliga a impartir un mínimo de 25% de español en todo el sistema educativo autonómico.
El dictamen que lleva la firma de la nueva magistrada del TC, concluye que la conocida como ley del catalán, que también avaló el PSC en el Parlamento, "no vulnera" ni la Constitución ni el Estatut pese a eliminar los porcentajes de aplicación y no considerarla como lengua vehicular. La decisión de Conde- Pumpido de entregar a Laura Díez esta ponencia que hasta ahora estaba en manos del magistrado saliente Antonio Narváez obliga a la también ex alto cargo de Moncloa a tomar la decisión de abstenerse como ponente sobre un asunto del cual ha sido parte implicada o arriesgarse a ser recusada.
Pocos días después de conocerse su designación por parte del Gobierno, la magistrada catalana ya defendía en el marco de unas jornadas informativas la reforma del artículo que regula el sistema autonómico y que se interpretó como un primer guiño a otorgar más autonomía a comunidades como Cataluña. Recordamos que además de haber sido alto cargo en Moncloa, en su paso como asesora en la Generalidad también trabajó junto a Jordi Pujol para la reforma del Estatuto de Cataluña que fue declarado parcialmente inconstitucional.
Años después, en el periodo entre 2004 y 2010, fue adjunta al Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, quien además de mostrar su cercanía a las tesis independentistas es conocido por promover encuestas sufragadas con dinero público donde se alerta de que el catalán corre peligro.
Las familias afectadas piden apartala
La entidad Escuela de Todos ha reclamado al Tribunal Constitucional apartar a la magistrada Laura Díez del recurso del 25% teniendo en cuenta que ella misma avaló con su firma el plan del separatismo para sortear la sentencia. La presidenta de la entidad, Ana Losada, ha expresado su "desagradable sorpresa" en declaraciones a esRadio ante tal maniobra del presidente del TC Cándido Conde-Pumpido.
"El presidente del TC ni siquiera se ha molestado en aparentar neutralidad de aquellas personas que designa como ponentes", por ese motivo, Escuela de Todos ha presentado una petición de recusación de la magistrada al considerar que incumple el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al haber "ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercicio de profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el aunto objeto del pleito o causa relacionado con el mismo".