"Restricción de kilómetros mensuales de vehículos de nueva adquisición a 2.000 kilómetros mensuales durante los dos primeros años contados a partir de su matriculación". La frase no es nueva. Ya ha surgido en épocas pasadas, en concreto, en 2017. Y ha vuelto a los correos electrónicos de las comandancias de la Guardia Civil, tal y como ha comprobado Libertad Digital.
El Gobierno de Sánchez ha decidido que los nuevos coches que ha entregado a la Benemérita tienen que durar y que, al menos durante los dos primeros años desde su estreno, no se pueden usar por más de 2.000 km al mes. A partir de ese momento, dos opciones: o se deja de patrullar o moverse, o los guardias se desplazan en las "carracas", denominación totalmente generalizada que se usa en el cuerpo para los viejos coches con más de 400.000 km totales.
El texto entero que ha llegado a los mandos especifica lo siguiente: "Se recuerdas el correo de fecha 22-02-2017 […] dimanan de Estado Mayor Logística, en relación a la restricción de kilómetros mensuales de vehículos de nueva adquisición a 2.000 km mensuales durante los dos primeros años contados a partir de su matriculación".
"En aquella época se hizo un esfuerzo de ahorro, pero con el paso del tiempo, la práctica llevó a usar los vehículos de forma normal. Ahora ha vuelto la orden con recuerdo expreso de que esos coches tienen que usarse con esa limitación", señala una fuente de la Guardia Civil. Y es que ha llegado la época de los recortes. Y de los abusos laborales.
Un largo historial de abusos laborales
Hay que recordar que la principal asociación de Guardia Civil, JUCIL, recibió hace mes y medio una contestación oficial del Gobierno sobre el presente y futuro de las prestaciones por jubilación de 637.000 funcionarios inmersos en un régimen de pensiones denominado Clases Pasivas. Allí se encuentran guardias civiles, militares, policías y más funcionarios que, en estos momentos, se enfrentan al hecho de asumir que tendrán una pensión un 20% menor que otros empleados públicos. La respuesta del Gobierno fue tajante: se trata de "un régimen en extinción" y el Ejecutivo no piensa hacer nada para paliar su situación. Y ello mientras Pedro Sánchez alardea de evitar la pérdida de poder adquisitivo entre los pensionistas.
El origen de esta historia nace en el COVID, pero se ha materializado ahora. El Gobierno aprovechó el coronavirus para trasladar por decretazo y con absoluta opacidad ante los sindicatos de funcionarios la gestión de las pensiones de 637.000 funcionarios incluidos en lo que se denominan clases pasivas. Esas prestaciones por jubilación dejaron de ser pagadas por el Ministerio de Hacienda para entrar en el régimen general de la Seguridad Social. El cambio se vendió como neutro por parte del Gobierno, pero los sindicatos y asociaciones de los funcionarios no tardaron en alertar que escondía un recorte. Y así ha sido.
Y no es el único recorte que cae en las espaldas de la Guardia Civil. Las Navidades han llegado con un extraño regalo para la Benemérita. El Boletín Oficial del cuerpo del día 27 de diciembre de 2022, publicó la Orden General número 15/2022 donde se recogía todo un golpe en la mesa del ministro Fernando Grande-Marlaska para ampliar las jornadas de los agentes en algunos de los servicios más exigentes. Y, en especial, en las funciones de mando y en el mar. Los servicios jurídicos de JUCIL, la asociación mayoritaria de la Benemérita, han iniciado ya la batalla legal ante el abuso de una jornadas laborales que no han dejado de crecer sin ninguna remuneración a cambio.
Para colmo, la propia base de cotización de los sueldos de los guardias ha llevado a una actualización meramente parcial de sus pensiones con el IPC pese al anuncio generalizado de elevación de los prestaciones por jubilación con la inflación. El Gobierno se niega a cotizar por todo el sueldo de los guardias civiles y, como consecuencia, la actualización de sus pensiones con la inflación es parcial y claramente por debajo de la del resto de trabajadores españoles.
Esta pérdida de poder adquisitivo se suma a una equiparación salarial y de cotizaciones que ha sido literalmente un engaño. La asociación profesional JUCIL ha actualizado los cálculos recientemente. Y lo cierto es que tras el proceso de supuesta equiparación salarial con el sueldo de los Mossos d´Esquadra, cada guardia civil cobra hasta 7.761€ menos al año. Y eso es durante la vida laboral. Lo peor empieza tras la jubilación: el sistema de cotización por cada guardia hace que un mosso se jubile con el 85% del sueldo -ya, de hecho, superior- y un guardia con solo el 55% de un salario inferior.
Y el último y sonoro capítulo de estos recortes ha llegado con la entrega de unas pistolas low cost, como publicó Libertad Digital el pasado 18 de noviembre de 2022. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, con el necesario permiso de Pedro Sánchez, ha hecho entrega a la Guardia Civil de 6.000 pistolas low cost, tras haber encargado una reparación de urgencia en todas ellas por el alto nivel de encasquillamiento del arma. Traducido: el Gobierno ha enviado unas pistolas baratas con una ñapa. Y es que la reparación se ha revelado como necesaria ante los mediocres resultados de las pistolas en las pruebas realizadas.