El Gobierno cree que el pinchazo separatista de este jueves en Barcelona avala su política de "desinflamación". "La gente en Cataluña está a otra cosa", terciaban tras la cumbre hispano-francesa fuentes próximas al presidente.
El Ejecutivo entiende que, tras cuatro años de Sánchez en el poder, el independentismo ya no colapsa las calles y está profundamente dividido entre los de Junqueras y los de Puigdemont. "El procés ha muerto", repiten en la Moncloa. Tras agotar todas las cesiones (indultos y reforma del Código Penal incluida) el Gobierno confía en que ahora sólo se necesiten gestos.
Pedro Sánchez lo escenificaba este jueves cuando "rompía una lanza" a favor de Barcelona y prometía favorecer "su visibilidad internacional". El presidente del Gobierno auguraba que darán "respeto, consideración y admiración" a la Ciudad Condal mientras recordaba las inversiones anunciadas en los últimos meses. Es decir, se acabaron las cesiones judiciales, comienzan las presupuestarias.
Otra voluntad
En la dirección del PSOE reconocen que la reforma de la malversación y de la sedición está detrás de su desgaste demoscópico de los últimos meses. Unos cambios que no han salido tal y como esperaban en la Moncloa tras la decisión de Llarena de retirarle a Carles Puigdemont el delito de sedición pero mantenerle el de malversación agravada. "La voluntad del Gobierno era otra", reconocen los más próximos a Sánchez que recalcan que lo esperaban "era lo que está aprobado".
De ahí, la decisión de la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidiendo a Llarena que procese a Puigdemont por el nuevo delito de "desórdenes públicos agravados". En el Gobierno esperan que, esta vez, el expresidente fugado sea extraditado.
Quedaría por ver el efecto que eso tendría sobre el electorado catalán pero, si Bélgica accede, Sánchez cumpliría al menos una de sus promesas: la de traer de vuelta a Puigdemont y sentarlo ante el banquillo. Eso sí, lo que pueda pasar en la próxima legislatura ya es otro asunto.