El 2 de noviembre de 2018 una "Asamblea de Trabajadores para la defensa de las Instituciones Catalanas (ADIC)" convocó un acto de protesta frente a la cárcel de Lledoners, en la localidad barcelonesa de Sant Joan de Vilatorrada. El lema de la cita era "2-N, un año de secuestro del Govern. Exigimos la libertad de los presos políticos y el libre retorno de los exiliados". Unos cientos de personas se acercaron hasta la zona de la protesta. Aún no se había celebrado el juicio en el Tribunal Supremo por el golpe de Estado y las entidades y partidos separatistas presionaban a favor de la excarcelación de sus líderes.
El barcelonés C. R. G. era una de esas personas que exigía la puesta en libertad de los dirigentes y políticos independentistas que esperaban juicio. Los Jordis, Sànchez y Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Oriol Junqueras y Raül Romeva estaban ingresados en la mencionada cárcel, como todas las de Cataluña dependiente de la Generalidad. Recibían constantes visitas, concedían entrevistas y contaban con el apoyo entusiasta de las bases independentistas, que habían convertido Lledoners en un enclave de peregrinaje. No fue el caso de las presas Carme Forcadell y Dolors Bassa, en cárceles más alejadas. Ahí no hubo casi actos de apoyo.
Graves lesiones
Al acabar el acto, noche cerrada, C. R. G. tuvo ganas de orinar y buscó un lugar apartado y discreto. Se dirigió a la zona del aparcamiento, pero se precipitó por un barranco y cayó a las vías del tren. Se requirió la ayuda de los bomberos y de los Mossos para rescatar al hombre, que presentaba numerosas heridas, contusiones, fracturas costales y lesiones en un tobillo de las que ha tenido que ser operado.
Pasó dos semanas en un hospital y recibió las visitas de algunos dirigentes políticos y sociales de la ANC, Òmnium, ERC, Junts per Catalunya (JxCat) y el Pdecat. Todo el mundo mostraba gran interés por su desgracia hasta que el hombre les planteó a estos representantes si disponían de los preceptivos seguros para cubrir este tipo de accidentes. Y ahí es cuando C. R. G. se quedó solo o casi. Sólo el representante del PDeCAT, tal como explica el digital independentista El Nacional, manifestó que su partido sí contaba con un seguro de responsabilidades civiles. Los demás se desentendieron. La "Asamblea de Trabajadores" es historia, un fantasma.
Sin conocimiento ni autorización
El terreno donde se produjo el accidente pertenece al Incasol, el Instituto Catalán del Suelo, organismo de la Generalidad. El ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada ha informado en el juzgado donde se tramita el caso, el de primera instancia número 57 de Barcelona, que nadie ni ninguna organización pidió autorización o informó de la celebración de aquel mitin. Sin embargo, en los mítines y concentraciones posteriores frente a la cárcel, antes y después del juicio en el Tribunal Supremo, se cerró la zona y se habilitaron lavabos para el público.
Según el referido El Nacional, el denunciante ha tratado de llegar a un acuerdo extrajudicial sin éxito. Reclama 21.570 euros. El juicio está fijado para el próximo día 8. En la demanda se especifican los partidos y organizaciones que convocaban el acto. Ahora se desentienden, salvo el PDeCAT, la facción "moderada" de la vieja Convergencia.