El caso subvenciones contaba con una dinámica de facturación que permitía a las empresas del hermano de Ximo Puig conseguir subvenciones con facturas "genéricas" que no especificaban ni "el momento de realización de los trabajos" ni el contenido "concreto de los trabajos".
Las declaraciones en sede judicial de Francis Puig, el hermano del presidente valenciano, han permitido al Juzgado recabar explicaciones como las siguientes: "No concretábamos el tipo de servicio en la factura porque es la forma más genérica". "Es lo que le decía, nosotros tenemos controles de trabajos y, en el que haya alguna duda, aportaremos la explicación de a qué corresponde". En otras facturas tampoco aparece la fecha del trabajo. Hay fecha de la factura, pero no del momento de realización del trabajo. Y la respuesta de Francis Puig fue igual de críptica: "Pues es lo que le digo. Nosotros facturamos así y le podemos aportar los controles de los trabajos que están relacionados con esas facturas".
Se trata de la forma de operar de unas empresas que están en el ojo del huracán judicial porque han recibido nada menos que dos millones de euros en subvenciones de la Generalidad Valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón. Dos de ellos son ejecutivos socialistas y el tercero, el catalán, está conformado por socios del PSOE, el partido de Puig. De hecho, 1,2 millones proceden directamente del Gobierno regional del hermano del agraciado con las subvenciones, el de Ximo Puig. Las subvenciones fueron otorgadas a favor de Comunicacions dels Ports S.A. (CDP) y Mas Mut Produccions S.L.U. (MMP), bajo el paraguas de las ayudas al fomento del valenciano en medios de comunicación social. Ambas empresas están dedicadas a servicios de radiodifusión, servicios de enlace y transmisión de señales de televisión y prensa escrita y digital. Y el consejero delegado y administrador de las empresas es Francisco Javier Puig Ferrer, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana.
Las dos empresas -luego el grupo pasó a contar con una tercera- han obtenido, desde el año 2015, entre otras subvenciones, ayudas económicas para el fomento del valenciano, tanto por parte de la Generalidad Valenciana como por parte de los gobiernos autonómicos de Cataluña y Aragón, y todas ellas por los mismos conceptos.
Es más, incluso en plena pandemia, el riego de subvenciones incluyó a estas firmas. La Generalidad valenciana de Ximo Puig, de hecho, concedió ayudas por el covid a cuatro firmas altamente delicadas. Tres de ellas están vinculadas a los negocios de Francis Puig, el hermano imputado, precisamente, por el caso subvenciones. Así, el Ejecutivo regional de Ximo Puig concedió a Kriol Produccions 28.037 €, a la Televisión de Castellón 27.700 € y a Canal Maestrat 8.800 €. Y, por si fuera poco, otorgó otros 200.000 €, el máximo posible, a Cronosport, una empresa señalada en los informes de la UCO del caso Azud y que aparece retratada en el pago de gastos de campaña de las primarias del propio Ximo Puig.
La Sindicatura de Cuentas valenciana ha puesto de manifiesto que la Intervención de la Generalidad no elaboró el plan financiero de control de las subvenciones previsto. Y el PP ha denunciado que una de las empresas, para colmo, entró en concurso cinco meses después de recibir las ayudas, sin que la Generalidad haya recuperado el dinero.