Presentaban facturas falsas por duplicado y hasta triplicado para justificar más gastos laborales y optar al cobro de más ayudas públicas. Es más, llegaron a simular la concurrencia de ofertas en los concursos públicos para quedarse con más licitaciones.
Francis Puig ha recocido ya en sede judicial, como muestra el vídeo que publica Libertad Digital, que duplicó subvenciones en la Generalidad de la Comunidad Valenciana y de Cataluña con gastos de los mismos trabajadores presentados ante las dos administraciones.
Francis Puig declara en sede judicial que "es cierto" que se duplica la misma justificación de gastos en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Igualmente ratifica que presentan las nóminas de los mismos trabajadores en las dos administraciones porque "lo permiten" ambas. El hermano de Ximo Puig aclara que lo hacía "porque cuando se presentan en Cataluña no sabemos a qué gastos ha afectado la ayuda de Valencia, ni en porcentajes ni si han seleccionado sólo una, como hizo luego Cataluña".
Se trataba de una dinámica de duplicación de facturas generalizada a lo largo de años y años en las empresas del hermano de Ximo Puig, Francis, un grupo que, de hecho, hizo hueco a su otro hermano, Jordi, al hijo del presidente, al padre y hasta a una cuñada. A la madre el enchufe le llegó por otra vía, también muy cercana a Ximo Puig: la trama Azud, que la colocó, siendo periodista, en una sociedad de gestión de residencias sociales muy habitual, de nuevo, en las concesiones de contratos públicos.
Y todo ello lo hicieron cuando ya había una fuerte polémica social por la lluvia de subvenciones y de contratos que lograban los hermanos del presidente valenciano Ximo Puig. Uno de los casos más llamativos de estos cobros duplicados se produjo en la mesa de contratación de A Punt (formada por funcionarios). Este organismo decidió remitir en marzo de 2019 a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un expediente relativo al concurso que se centraba en la contratación de corresponsalías de la televisión autonómica. Lo hizo tras detectar que varias empresas entre las que se encontraban las del hermano de Ximo Puig y sus socios podrían haber llegado a acuerdos para pactar precios y repartirse los diferentes lotes de corresponsalías en Castellón.
El expediente, una vez analizado por este órgano nacional y comprobar que sólo afectaba al territorio de la Comunidad Valenciana fue remitido al organismo autonómico y tras meses de investigación esta sede concluyó con el lanzamiento de un expediente sancionador contra las mercantiles Kriol Producciones S.L, Canal Maestrat, S.L, Visualiza, S.L y Comunicacions Els Ports, S.A por supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia.
En aquella ocasión, la mecánica se identificaba rápidamente: por un lado se pactaban lotes entre competidores y, por otra, para justificar las subvenciones que recibían tanto de la Generalidad Valenciana como de la de Cataluña se remitían facturas con los mismos conceptos. Incluidos los gastos de los trabajadores.